Proyecto 24963: Proyecto que crea una nueva Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados (deroga la Ley 1269)

El proyecto propone crear una nueva Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y derogar la Ley 1269 vigente desde 1951; el texto está pendiente de aprobación.

El proyecto sustituye la norma antigua (Ley 1269) por una ley nueva que, según su exposición de motivos, responde a que la regulación actual tiene más de setenta años y no acompaña los cambios tecnológicos, sociales y regulatorios. El propio documento recuerda que “La Ley 1269, Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, vigente desde el 2 de febrero de 1951, ha sido un pilar fundamental ...”, y plantea la necesidad de una actualización integral.

El proyecto establece formalmente el Colegio como “un ente público no estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios”, con sede y rango de acción para todo el territorio nacional, y amplía sus funciones para que actúe como ente rector y regulador de la normativa contable de uso público y privado, además de regular y fiscalizar el ejercicio profesional de los contadores privados.

El proyecto decide que sólo podrán ejercer como Contadores Privados las personas o entidades incorporadas al Colegio conforme a la ley y sus reglamentos. Para incorporarse, el texto exige documentos y trámites concretos (por ejemplo: “Aportar el original y una fotocopia del título debidamente reconocido ...”, cancelar los derechos de ingreso y prestar juramento ante la Junta Directiva); por tanto, la incorporación es un requisito formal y previo para poder ejercer con reconocimiento legal.

Incorpora explícitamente la adopción de normas como NIIF, NICC, NIA y normas de ética profesional; busca fortalecer la profesionalización, la capacitación continua, los controles de calidad y la responsabilidad civil y penal en línea con estándares internacionales.

En organización y gobierno, la ley propuesta define los órganos del Colegio (Asamblea General, Junta Directiva, Fiscalías y demás comisiones). En el articulado se establece que “La Junta Directiva estará integrada por diez miembros los cuales ocuparan los siguientes cargos: una Presidencia; dos Vicepresidencias ...” y se detallan atribuciones para la Presidencia, la Tesorería, la Secretaría, la Fiscalía y las vocalías, así como las reglas de convocatoria, quórum y elección.

Fija causas y procedimientos de separación temporal o definitiva de colegiados (por ejemplo por morosidad u otras faltas), establece sanciones como expulsión, suspensión o amonestación y da funciones a la Fiscalía para vigilar el cumplimiento de la ley y deontología profesional.

“Las cuotas ordinarias y extraordinarias de Colegiatura”, cuotas de incorporación, la recaudación por venta del timbre del Contador Privado, ingresos por alquiler de instalaciones, inversiones, subvenciones, donaciones y otros ingresos que perciba el Colegio.

Por ejemplo, amplía en un año y un mes el mandato de miembros actuales de la Junta Directiva que tengan más de un año en funciones para sincronizar mandatos y convocar elecciones posteriores en un solo acto, con el fin de que todos los mandatos finalicen simultáneamente en la fecha señalada.

El texto expresa la derogación de la Ley 1269 y establece reglas transitorias; además indica que la norma regirá a partir de su publicación, siempre que sea aprobada en el trámite legislativo correspondiente.