Proyecto 24962: Estado asume pago de pensiones alimentarias cuando no es posible cobrar a deudores mayores de 65 años

El proyecto propone que el Estado asuma el pago de las pensiones alimentarias a favor de personas menores de edad cuando resulte imposible cobrar esas pensiones a deudores o deudoras que tengan más de 65 años de edad. El texto establece casos, el procedimiento para declarar la imposibilidad de cobro, la entidad responsable de ejecutar los pagos, fuentes de financiamiento y límites para la prestación, todo ello pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto se aplicaría a pensiones alimentarias que ya estén fijadas judicialmente o acordadas en procesos de conciliación aprobados por la autoridad competente, siempre que se verifique la imposibilidad de cobro según las reglas que fija la norma. Para que el Estado pague, la imposibilidad debe ser declarada mediante resolución judicial del juzgado competente, tras comprobar que no existen bienes embargables, ingresos, pensiones u otras fuentes de financiamiento del deudor o deudora.

Cuando exista imposibilidad legal de aplicar apremio corporal por tratarse de un deudor o deudora mayor de 65 años y no haya otro medio coercitivo eficaz; cuando exista insolvencia debidamente comprobada del obligado; y cuando el deudor o deudora mayor de 65 años fallezca y no existan bienes o herederos obligados solidariamente que permitan satisfacer la obligación. En casos excepcionales el juez podrá autorizar que la verificación la realice una instancia administrativa siempre que exista un procedimiento reglado que garantice el debido proceso.

Para pedir que el Estado pague, la persona representante legal del menor o la persona menor (si procede) debe presentar una solicitud ante el juez de familia o el juzgado de pensiones alimentarias competente. La solicitud debe contener, entre otros documentos, la resolución judicial que fijó la pensión, la constancia de que el deudor o deudora es mayor de 65 años, la prueba de al menos dos intentos de cobro fallidos y la prueba de la insolvencia o del fallecimiento sin bienes del deudor o deudora. El juez podrá solicitar información a instituciones públicas y privadas (por ejemplo IMAS, PANI, Seguridad Social) para verificar la capacidad económica del deudor.

Si el juez declara procedente el pago por parte del Estado, dictará resolución fundada en la que se declara la imposibilidad de cobro, se establece el monto de la pensión que asumirá la entidad estatal, el período durante el cual se mantendrá la obligación estatal y las condiciones para la actualización periódica de la pensión. Una vez emitida esa resolución, la institución que designe la ley depositará la suma fijada en la cuenta indicada por la parte acreedora, con los parámetros y plazos que establezca el reglamento.

El proyecto designa al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) o a la entidad que el Poder Ejecutivo determine como responsable de gestionar y efectuar los pagos y crea un fondo especial denominado "Fondo de Pago de Pensiones Alimentarias para Personas Menores de Edad" para cumplir estas obligaciones. Las fuentes de financiamiento incluidas son partidas específicas en la Ley de Presupuesto Nacional, aportes solidarios de instituciones públicas y privadas, donaciones nacionales o internacionales y cualquier otro recurso que el Estado asigne para ese fin. Además, se crea un destino específico que asigna el 0,05% de los recursos que recauda el Ministerio de Hacienda por concepto de Impuestos Selectivos al consumo y Valor Agregado provenientes de la venta de productos de tabaco; el proyecto indica que en 2024 dicha cifra fue aproximadamente de 149,7 millones de colones.

El Estado tendrá derecho a subrogarse en los derechos de la persona acreedora para reclamar al deudor, a sus bienes o a su sucesión el reembolso de lo pagado si posteriormente se comprueba que el deudor cuenta con recursos o bienes suficientes. Cuando el deudor o deudora fallezca, el Estado podrá integrar esa acreencia en la sucesión en los casos que correspondan según lo dispuesto por la normativa sucesoria.

El proyecto mantiene los límites generales de edad para la prestación alimentaria establecidos en el Código de Familia: la pensión cubre a la persona menor de edad y puede extenderse hasta los 25 años siempre que se encuentre cursando estudios regulares; en casos de incapacidad física o mental se aplicarán las normas y resoluciones judiciales correspondientes. El Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la presente ley en un plazo máximo de seis meses contado a partir de su publicación y la norma rige a partir de su publicación si llega a aprobarse.

El expediente en la Asamblea Legislativa es el número 24962 y el proyecto fue presentado el 30 de abril de 2025 por la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza y otras diputadas y diputados; la propuesta sigue su trámite legislativo y sus procedimientos administrativos antes de producir efectos legales, por lo que hoy es una iniciativa y no una ley aprobada.