Proyecto 24961: Ley para la restitución del derecho a la huelga y a la protesta

El proyecto propone devolver y proteger el derecho a la huelga y a la protesta mediante reformas puntuales al Código de Trabajo y la incorporación de nuevos artículos que regulan cómo se declara y desarrolla una huelga, qué servicios se consideran esenciales, qué obligaciones tienen empleadores y sindicatos, y qué procedimientos judiciales se aplican. Queda pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto modifica artículos específicos del Código de Trabajo; su ARTÍCULO 1 lista las disposiciones que se reforman y señala que deben leerse de nueva manera, es decir que cambia textos concretos del Código. El expediente oficial identificado como 24961 fue presentado el 2025-04-30, publicado el 2025-05-13 (Gaceta Nº 85) y registra el trámite legislativo asociado; esos datos indican el estado administrativo del proyecto pero no constituyen ley hasta su aprobación y publicación correspondientes.

El texto define con más detalle qué es una huelga legal y qué actos protege el derecho de huelga. Frente a la redacción propuesta, la huelga legal es “la suspensión concertada y pacífica del trabajo” acordada y ejecutada por al menos tres trabajadores y por mayoría de votos según la norma que remite al artículo correspondiente; además el derecho incluye convocar, elegir la modalidad, adherir o no participar y decidir retirarse de la huelga, mientras prohíbe usar la ausencia para fines personales ajenos al movimiento.

El proyecto delimita los servicios que se consideran “esenciales” porque su paralización puede causar daño a la vida, la salud o la seguridad pública y enumera ejemplos: servicios de salud (hospitales, emergencias, atención médica), servicios de seguridad pública y custodias, suministro de agua y saneamiento, energía para hospitales y emergencias, suministro de combustible crítico, actividades en transporte ferroviario, marítimo y aéreo, y otros servicios que el articulado detalla. En esos casos la paralización absoluta queda limitada.

Para garantizar la continuidad de servicios mínimos el proyecto exige que las partes negocien un plan de servicios mínimos; si no hay acuerdo cualquiera de las partes puede pedir al juez de trabajo que defina ese plan y el juez debe fijarlo en un plazo de tres días, previa audiencia. La resolución del juez es recurrible ante el Tribunal de Trabajo dentro de tres días hábiles y el tribunal deberá resolver la apelación en un plazo máximo de cinco días. El plan de servicios mínimos y su ejecución no prejuzgan de por sí la legalidad o ilegalidad final de la huelga.

El proyecto introduce obligaciones administrativas tanto para empleadores como para sindicatos. Entre las medidas propuestas figura la exigencia para los empleadores de aportar y actualizar una dirección electrónica ante el Departamento correspondiente para recibir notificaciones relacionadas con movimientos huelguísticos y la obligación de los sindicatos de remitir nóminas y actas que permitan comprobar apoyo y representación, según las redacciones que se proponen para varios artículos.

Respecto de las consecuencias cuando una huelga se declara ilegal, el proyecto aclara que sanciones como la terminación del contrato, rebajos salariales u otras sanciones solo proceden a partir de la declaratoria firme de ilegalidad. Asimismo, una vez firme dicha declaratoria, el empleador podría dar por terminados contratos de quienes no se reintegren dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución, y la norma regula formas de notificación para garantizar su eficacia.

El articulado propone además un nuevo artículo (376 bis) que protege contra despidos por participar en una huelga salvo excepciones que el propio texto establece; incluye plazos rápidos para la tramitación y admisión de pruebas en los procesos de calificación de huelgas, y dispone que, en caso de aprobación, la ley regiría desde su publicación. Estas son las reglas que el proyecto introduce o cambia; permanecen como propuesta hasta que la Asamblea las apruebe y la ley sea publicada.