Adición del artículo 23 bis a la Ley General de la Administración Pública (Proyecto 24950): requisitos académicos y profesionales para ministros

El proyecto propone añadir un artículo 23 bis a la Ley General de la Administración Pública (Ley N°6227) para establecer requisitos académicos y profesionales que deben cumplir las personas que aspiren a ocupar el cargo de Ministro, con el objetivo declarado de “fortalecer las acciones técnicas y la idoneidad en los ministerios”. Según el expediente 24950, la iniciativa fue presentada por la diputada Katherine Andrea Moreira Brown y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto modifica el régimen de nombramientos ministeriales y exige condiciones concretas además de los requisitos constitucionales ya vigentes para ser ministro. El proyecto remite expresamente al artículo 142 de la Constitución Política (que ya exige, por ejemplo, ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o naturalización con diez años de residencia, ser del estado seglar y tener 25 años cumplidos) y añade nuevos requisitos que la persona deberá cumplir para “ostentar el cargo de Ministro”.

La persona aspirante debe tener reconocida experiencia y conocimiento en el campo de actividad del ministerio; poseer grado académico universitario de licenciatura en una carrera idónea al cargo; acreditar como mínimo cinco años de ejercicio profesional; y estar incorporada al colegio profesional correspondiente cuando ello aplique. Además, el proyecto exige que la persona no haya sido condenada por un listado de delitos graves (entre ellos, los contemplados en la Ley Contra Delincuencia Organizada y otros delitos contra la función pública, la seguridad, la fe pública y las normas sobre estupefacientes), tanto en Costa Rica como en el extranjero.

La persona “deberá cumplir” con esos requisitos para poder ocupar el cargo de ministro. El proyecto no convierte en ley estas reglas automáticamente: su texto es una propuesta normativa que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa para entrar en vigor; el expediente indica el trámite de presentación y las fechas de publicación y asignación a comisión.

Sobre la vigencia, el proyecto incluye una disposición final que establece que la norma “rige a partir de su publicación”, por lo que, de aprobarse, su entrada en vigor sería desde la publicación oficial que corresponda.

La exposición de motivos del proyecto describe razones y beneficios esperados, como mayor eficiencia en la gestión pública, coherencia con requisitos de cargos técnicos y operativos, decisiones ministeriales basadas en evidencia, transparencia y una cultura de meritocracia. Esos planteamientos son explicaciones de por qué se propone la reforma; no constituyen efectos ya alcanzados ni sustituyen el texto del artículo añadido, que es el que determina las obligaciones concretas.

Según el expediente público, la iniciativa está identificada como número 24950 y fue presentada el 24 de abril de 2025; por ahora permanece como proyecto y su contenido definitivo dependerá de los debates y las decisiones que adopte la Asamblea Legislativa antes de una eventual sanción y publicación.