Adición del artículo 454 bis al Código de Trabajo (expediente 24949): destino y reglas para recursos destinados a la Defensa Pública Laboral y solución alternativa de conflictos

El proyecto propone añadir un artículo 454 bis al Código de Trabajo (Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943) para establecer que ciertos recursos destinados a la asistencia legal y a mecanismos de solución alterna de conflictos quedan exentos de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.º 9635, 3 de diciembre de 2018). Está pendiente de aprobación.

El proyecto ordena que esos recursos sean girados al Poder Judicial para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo anterior y que se entreguen junto con el Presupuesto Ordinario de la República. El texto establece de manera expresa que el giro de estos recursos no podrá implicar reducción alguna al presupuesto Ordinario ni Extraordinario del Poder Judicial, ni podrá ocasionar consecuencias negativas para el Poder Judicial a nivel presupuestario.

El Poder Judicial tendrá la obligación de rendir un informe anual sobre el destino de los recursos que reciba en aplicación de este artículo. Además, el proyecto indica que la persona funcionaria que incumpla las disposiciones del artículo cometerá el delito de incumplimiento de deberes previsto en el artículo 339 del Código Penal (Ley N.º 4573 del 4 de mayo de 1970), según la redacción del proyecto.

La propuesta también retoma la forma en que se distribuirían los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social: un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado se asignaría a la sección especializada del Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial que se crea en el artículo para universalizar su cobertura en todo el territorio nacional; y el cincuenta por ciento (50%) restante se depositaría en el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que la ley propone.

El texto del proyecto dispone que la norma rige a partir de su publicación, es decir, entraría en vigor desde la fecha en la que se publique oficialmente si llega a aprobarse y promulgarse.

El expediente que contiene esta propuesta es el número 24949, presentado por la diputada KATHERINE ANDREA MOREIRA BROWN; el trámite de inicio figura con fecha 2025-04-24 y la fecha de publicación indicada es 2025-05-09. Está pendiente de los procesos legislativos que correspondan para convertirse en ley.