Proyecto que obliga al Ministerio de Hacienda a girar en hasta 3 meses asignaciones específicas para seguridad, educación e infraestructura en emergencias (Reforma artículo 15, expediente 24947)

El proyecto propone reformar el artículo 15 de la Ley N°9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 3 de diciembre de 2018) para garantizar que las asignaciones presupuestarias específicas aprobadas por la Asamblea Legislativa destinadas a la seguridad pública, la educación pública y la infraestructura que requiera atención por declaratoria de emergencia sean giradas con plazos y obligaciones claras, incluyendo sanciones por incumplimiento.

La iniciativa afecta principalmente al Ministerio de Hacienda y a las entidades beneficiarias de las partidas que la Asamblea Legislativa apruebe de forma específica para atender emergencias en seguridad, educación o infraestructura. El texto distingue dos situaciones: una facultad cuando la deuda pública del Gobierno central supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB nominal —en ese caso el Ministerio de Hacienda “podrá” presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando disponibilidad de ingresos corrientes, niveles de ejecución presupuestaria y superávit libre—; y una obligación cuando la Asamblea Legislativa haga asignaciones específicas para emergencias: en ese supuesto el Ministerio de Hacienda “deberá” realizar los giros en un plazo no mayor a tres meses a partir de la publicación de la Ley de Presupuesto. El proyecto está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa aprueba partidas específicas para atender una emergencia en seguridad, educación o infraestructura; cuando la Ley de Presupuesto (ordinario o extraordinario) que contiene esas partidas sea publicada, el Ministerio de Hacienda tiene un plazo máximo de tres meses para transferir (girar) esos fondos a los destinos señalados. Si la deuda supera el 50% del PIB, el Ministerio tiene la posibilidad (no la obligación automática) de presupuestar y girar destinos específicos, pero siempre evaluando la disponibilidad de ingresos corrientes, la ejecución presupuestaria y el superávit libre de las entidades beneficiarias.

Las transferencias dependen de la disponibilidad de ingresos corrientes, de los niveles de ejecución presupuestaria y del superávit libre de las entidades beneficiarias; además establece una consecuencia penal para quien, obligado a realizar los giros, no lo haga por negligencia o inactividad, tipificando esa conducta como el delito de incumplimiento de deberes según el artículo 339 del Código Penal (Ley N°4573 del 4 de mayo de 1970). La norma propuesta señala también que la reforma “rige a partir de su publicación”.

El expediente es el número 24947, presentado por la diputada KATHERINE ANDREA MOREIRA BROWN; la iniciativa se presentó el 2025-04-24 y aparece publicada el 2025-05-06 (Gaceta N° 80). El vencimiento cuatrienal del expediente es 2029-04-24. Fuente: Asamblea Legislativa, expediente 24947. Esta información registra el estado y proponente, pero la medida aquí explicada corresponde a un proyecto que debe ser aprobado para convertirse en ley.

La exposición de motivos del texto explica que la reforma busca asegurar la correcta y oportuna ejecución de las partidas aprobadas por la Asamblea Legislativa para atender problemas en seguridad pública, educación pública y la infraestructura en estado de emergencia, y que plazos largos o falta de un marco normativo generan demoras que agravan las condiciones de emergencia. Esa explicación justifica la propuesta, pero no garantiza efectos; la obligación y los plazos operarán sólo si el proyecto es aprobado y publicado conforme a la normativa vigente.