Proyecto 24944: Proyecto que crea un marco legal para promover y establecer startups tecnológicas en Costa Rica

El proyecto propone crear una ley llamada “Ley para la promoción y establecimiento de startups tecnológicas o empresas emergentes tecnológicas en Costa Rica” cuyo objetivo es establecer un marco normativo para fomentar el nacimiento, la operación y el financiamiento de startups tecnológicas en el país; el proyecto está identificado con el expediente 24944, fue presentado por Johana Obando Bonilla y está pendiente de aprobación. La propuesta define quiénes pueden ser beneficiarios, fija al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como la autoridad responsable y establece plazos para su reglamentación y entrada en vigencia. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y fue publicada el 2025-05-09 en la Gaceta número 83.

Establece que la aplicación de la ley corresponderá al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y le asigna funciones concretas para regular, inspeccionar y apoyar a las startups tecnológicas. Entre las atribuciones que la ley prevé para el MEIC se cuentan regular el funcionamiento y la aplicación de la norma, emitir acuerdos de calificación, realizar inspecciones y controles, y fomentar políticas públicas para la innovación y la cooperación tecnológica a nivel nacional e internacional. Estas atribuciones son facultades que el texto atribuye al MEIC pero su ejercicio concreto dependerá de la reglamentación y recursos que se asignen posteriormente.

Obliga al MEIC a diseñar un registro simplificado para acelerar la inscripción y puesta en marcha de nuevas startups tecnológicas en el territorio nacional; prevé un “proceso de solicitud simplificado” en línea para la presentación de proyectos de I+D; y dispone apoyo financiero a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), de acuerdo con la Ley N°8634. Estas disposiciones ofrecen caminos formales (registro, trámite en línea y acceso a recursos SBD) que las empresas deberán usar si quieren optar a los beneficios que la ley proponga.

Asigna al MEIC la responsabilidad de incorporar servicios de asesoramiento financiero y de brindar asesoramiento legal especializado a startups tecnológicas; autoriza cooperación para trámites de propiedad intelectual (patentes y derechos de autor) con el Registro Nacional; y prevé que el MEIC emitirá “una certificación oficial” que acredite la innovación de las startups. Esas medidas muestran el tipo de soporte que la norma pretende ofrecer, pero los detalles operativos (por ejemplo, cómo será la certificación o qué alcance tendrá el asesoramiento) quedan sujetos a la reglamentación que el MEIC deba emitir.

Declara que serán beneficiarios “las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen nuevas inversiones en startups tecnológicas o empresas emergentes tecnológicas dentro del territorio nacional”; establece principios rectores como equidad en el acceso, transparencia, inclusión de diversidad, sostenibilidad ambiental, acceso equitativo a financiamiento, responsabilidad social empresarial, participación de la comunidad y rendición de cuentas; y propone reformas a normas existentes para canalizar recursos, en particular modificando la Ley N°8262 para que el Propyme sirva de base de financiamiento y se asigne a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación un tres por ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del Propyme. Estas definiciones y reformas determinan quién puede solicitar beneficios y qué criterios guiarán su aplicación.

Dispone que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) deberá reglamentar la ley en un plazo de seis meses y declara que la ley “rige a partir de su publicación”. Además, el expediente registra fechas del trámite legislativo: inicio 2025-04-23 y publicación 2025-05-09. Mientras la Asamblea Legislativa no apruebe el proyecto y no se publique una ley definitiva, las medidas y beneficios propuestos permanecen como un proyecto, es decir, posibles cambios o condiciones adicionales pueden surgir en el debate legislativo y en la reglamentación posterior.