Ley para adoptar una pensión mínima intocable (Proyecto 24940)

Modifica varias leyes para que las pensiones sean protegidas frente a embargos, pero permite que la persona jubilada o pensionada autorice deducciones para pagar créditos hasta el mismo límite inembargable que se aplica al salario. Está presentado ante la Asamblea Legislativa y permanece como proyecto, pendiente de discusión y aprobación.

La Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), regímenes especiales como el del Magisterio Nacional, el Poder Judicial, la Ley de Pensiones de Hacienda y el régimen general de pensiones con cargo al presupuesto nacional; además introduce cambios en la normativa de protección al consumidor financiero para trabajadores y pensionados. La iniciativa se identifica como expediente 24940 y fue presentada el 23 de abril de 2025; su texto formaliza las reformas a los artículos enumerados en el título del proyecto.

El cambio operativo más importante es que, aunque las prestaciones en dinero (pensiones) permanecen protegidas frente a embargo en los términos ya previstos, el proyecto reconoce expresamente que las personas jubiladas y pensionadas podrán autorizar que se les deduzcan cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista un acuerdo entre la persona pensionada y la entidad acreedora y hasta el mismo límite inembargable aplicable al salario. En la práctica esto significa que no se permite cobrar o embargar por encima del tope inembargable del salario, y que las deducciones voluntarias sólo proceden si la persona pensionada las autoriza.

En cuanto a trabajadores activos, el proyecto incorpora en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (artículo 44 ter) el derecho del trabajador a solicitar a su empleador la deducción de cuotas para el pago de créditos cuando exista acuerdo con la entidad acreedora, y obliga a los patronos a no discriminar ni negarse a aplicar deducciones debidamente autorizadas. Esa misma idea de autorización y límite hasta el ingreso inembargable se traslada a los distintos regímenes de pensiones que el proyecto modifica.

Por ejemplo, en la modificación propuesta al artículo 6 de la Ley Nº 7302 se establece que la prestación económica al momento de la declaración de la jubilación no podrá exceder el monto que resulte de “diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública” según la escala vigente en ese momento. Ese tipo de disposiciones fija límites máximos y normas sobre cómo se determinan ciertos topes.

Menciona investigaciones cualitativas (más de 75 testimonios) y registros administrativos con cifras específicas sobre pensiones por debajo del mínimo inembargable (por ejemplo, “se registran 5.320 mujeres y 1.412 hombres con pensiones inferiores al mínimo en el RTR”), y plantea que el proyecto busca atender lo que califica como una “deuda histórica” con la población adulta mayor. Esos datos y relatos son la base argumental que el proyecto expone para justificar las reformas.

Las deducciones por créditos requieren un acuerdo de voluntades entre la persona pensionada (o el trabajador) y el acreedor; las deducciones no pueden superar el límite inembargable que protege al salario; y en materias específicas se actualizan topes y autorizaciones según el régimen (CCSS, magisterio, poder judicial, Hacienda y régimen general). La iniciativa solo produce efectos de ley si el Congreso la aprueba y se publica según el trámite legal vigente.