Proyecto 24931: Reforma de la Ley General de Control Interno para fortalecer auditorías internas y prevenir la corrupción

El proyecto propone reformar la Ley General de Control Interno para fortalecer las auditorías internas del sector público y aumentar la prevención de la corrupción, mediante obligaciones nuevas sobre la existencia, financiamiento, organización y responsabilidades relacionadas con esas auditorías. El texto todavía es un proyecto y está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El proyecto fue presentado como expediente 24931 por la diputada Paulina María Ramírez Portuguez, con fecha de inicio 2025-04-10 y publicación el 2025-05-06; su tramitación está en el Plenario y en comisiones según el registro del expediente. Está previsto su análisis en comisiones y su debate en el Plenario como parte del procedimiento legislativo habitual.

La exposición de motivos señala que las auditorías internas del sector público tienen deficiencias de diverso tipo, que son comunes en varias instituciones y, en particular, en el ámbito municipal, y que ello limita su capacidad para supervisar y detectar riesgos, fraudes o corrupción. El texto destaca que “resulta insuficiente” la capacidad instalada para fiscalizar todas las actividades sujetas a auditoría y que la asignación anual de presupuesto a veces no guarda coherencia con los estudios técnicos anuales, lo que genera una brecha que afecta las competencias y facultades de las auditorías internas.

En cuanto a decisiones concretas, el proyecto modifica el artículo 20 para establecer la obligación de que “todos los entes públicos y órganos sujetos a esta ley tendrán auditorías internas”, es decir, la norma propone que la existencia de unidad de auditoría interna sea obligatoria para las entidades sujetas a la Ley General de Control Interno.

Obliga al jerarca de cada ente u órgano sujeto a la ley a dotar a la auditoría interna “de al menos un tres por ciento (3%) de presupuesto anual y total”, y a asignar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que la auditoría pueda cumplir su gestión. Esa obligación concreta traza un mínimo presupuestario y exige que se asignen recursos específicos para la función de auditoría.

Para manejo presupuestario y operativo, el proyecto establece que a la auditoría interna se le dará “una categoría programática” y que, para la asignación y disposición de sus recursos, se deberá tomar en cuenta “el criterio del auditor interno, el plan anual o plurianual de trabajo”. Además autoriza a las auditorías a contratar servicios especializados, incluidos laboratorios para pruebas de calidad, cuando la naturaleza de la institución lo requiera, como medidas de control independientes.

El proyecto regula la jornada laboral del auditor y del subauditor internos en el artículo que reforma el 30: la jornada será de tiempo completo, aunque admite excepciones “en casos muy calificados” en los que el jerarca podrá solicitar a la Contraloría General de la República una reducción de la jornada, “la cual no podrá ser inferior a medio tiempo”. Es decir, la regla general es dedicación a tiempo completo, con una excepción regulada y sujeta a la Contraloría.

Sobre consecuencias y responsabilidades, la reforma del artículo 39 introduce causales de responsabilidad administrativa: el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa si incumplen injustificadamente deberes asignados por la ley, y, en forma expresa, “cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta ley”. También se prevén responsabilidades administrativas cuando se obstruya o se retrase el cumplimiento de las potestades del auditor, del subauditor y del personal de la auditoría interna.

La norma que resulte aprobada “rige a partir de seis meses a partir de su publicación”.

La iniciativa explica sus motivos y las medidas propuestas, pero sigue siendo un proyecto bajo trámite en la Asamblea Legislativa; su entrada en vigor y efectos dependerán de su eventual aprobación y de la publicación oficial que determine el cómputo de los seis meses de vigencia.