Proyecto propone sancionar el vandalismo sobre bienes públicos y privados (expediente 24928)

El proyecto propone crear una ley específica para sancionar el vandalismo sobre bienes públicos y privados, modificando normas penales y de patrimonio para imponer penas de prisión, multas y la obligación de reparar los daños; el proyecto está pendiente de aprobación (expediente 24928, publicado 2025-04-29).

El proyecto modifica lo que el texto llama “daño agravado” para imponer pena de prisión de dos a cinco años en casos concretos. Esos casos incluyen daños a cosas de “valor científico, artístico, cultural o religioso”; daños que afecten medios o vías de comunicación, puentes, canales, plantas de producción o conductos de agua, electricidad o sustancias energéticas; hechos ejecutados con violencia o amenazas; casos cometidos por tres o más personas; daños contra equipamiento policial; y daños sobre redes, sistemas o equipos informáticos y sus componentes. En la práctica, si un daño encaja en alguno de esos supuestos, el proyecto convierte la conducta en un delito con pena privativa de libertad de dos a cinco años.

El proyecto también reforma la figura de “vandalismo” para imponer obligaciones económicas y administrativas a quienes dañen bienes. El texto dispone que la persona que sea sorprendida en el acto o luego probada por rayar, pintar o dañar paredes, bardas, casas, locales comerciales, vehículos de servicio u otros bienes deberá resarcir el daño y se le impondrá una multa; el proyecto distingue montos según el bien afectado: una multa de tres salarios base para ciertos daños comunes y una multa mayor —cinco salarios base— cuando el daño se produzca en iglesias, edificios públicos, mobiliario y equipamiento público, puentes, elementos de infraestructura pública o monumentos (con la salvedad del patrimonio histórico-arquitectónico, que queda sujeto a la pena de prisión prevista para esos casos). En la práctica esto implica que quien dañe propiedades deberá pagar por reparar y enfrentar una sanción económica, y en supuestos graves podrá alcanzar sanción penal más severa.

El texto crea un artículo nuevo, llamado “Artículo 394 bis - Pesas o medidas falsas”, que castiga con multas (de diez a sesenta días multa) a quien, en el ejercicio del comercio, use pesas o medidas falsas o no autorizadas. En la práctica, la norma introduce una sanción específica para fraudes en el comercio relacionados con medidas y pesas.

Además, el proyecto cambia una disposición de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico para establecer que quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico será sancionado con prisión inconmutable de dos a cinco años. En la práctica, esto coloca al patrimonio histórico- arquitectónico en la categoría de bienes con protección penal reforzada y penas privativas de libertad más severas.

El proyecto aclara que no pretende prohibir de forma absoluta las representaciones artísticas; sin embargo exige que las expresiones sobre bienes privados o públicos cuenten con el aval o permiso del propietario o de la autoridad correspondiente. En la práctica esto significa que pintar o intervenir un bien requiere autorización del dueño o de la autoridad encargada, y sin ese permiso la conducta puede ser sancionada según lo previsto en la propuesta.

La norma, en caso de ser aprobada, entraría en vigor “a partir de su publicación”. Hasta que el Plenario no apruebe el expediente 24928 y se publique la ley conforme al procedimiento, las modificaciones propuestas no están vigentes. La presentación del proyecto figura a nombre de Yonder Andrey Salas Durán y el expediente fue publicado el 2025-04-29 bajo el número 24928.