Proyecto 24920: permitir que federaciones deportivas con normas propias resuelvan internamente sus conflictos

El proyecto propone modificar el artículo 69 de la Ley N.º 7800 (creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) para permitir que determinadas federaciones deportivas resuelvan internamente sus asuntos disciplinarios, de ética y electorales cuando cuenten con normas y mecanismos propios. La iniciativa busca agilizar la tramitación administrativa de conflictos deportivos, manteniendo la existencia del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos adscrito al Instituto.

La propuesta afecta a las federaciones deportivas nacionales y a las personas vinculadas a ellas (entrenadores, jugadores, deportistas, atletas y dirigentes) en la medida en que regula dónde pueden ventilar sus conflictos. Podrán usar la vía interna las federaciones que “cuenten con un marco regulatorio aplicable y vigente en materia disciplinaria, de ética y electoral, así como mecanismos de resolución de conflictos”. En la práctica eso significa que solo las federaciones que ya tengan reglamentos y procedimientos claros podrán resolver internamente disputas relacionadas con sus estatutos, reglamentos, políticas y decisiones en primera y segunda instancia.

El Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos seguirá existiendo y seguirá conociendo y resolviendo conflictos deportivos en general, pero se introduce la posibilidad de que las federaciones con marcos regulatorios vigentes “ventilen sus asuntos internamente”. Además, el texto indica que, una vez agotada la vía interna de la federación sin obtener satisfacción de sus derechos, las partes podrán acudir al tribunal. Las resoluciones que dicte el Tribunal sobre los asuntos sometidos a su conocimiento agotan la vía administrativa para los efectos legales respectivos y serán ejecutadas por el Consejo Nacional, que tendrá autoridad para ordenar lo que corresponda.

Solo podrán aplicar la vía interna las federaciones que efectivamente tengan un marco normativo vigente y mecanismos de resolución de conflictos; esas federaciones deberán “asegurar la autonomía de sus órganos jurisdiccionales internos” y respetar el escrutinio exclusivo de las organizaciones internacionales a las que estén afiliadas. Si una federación no cumple esas condiciones, o para asuntos que no estén cubiertos por sus reglamentos internos, el Tribunal Administrativo seguirá siendo la vía para resolver los conflictos.

La iniciativa establece su vigencia “a partir de su publicación”. El expediente tiene número 24920; fue presentado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa y registra como fecha de inicio el 2025-04-01 y fecha de publicación el 2025-04-24 (Gaceta N.º 73). Hasta que la Asamblea Legislativa lo apruebe y se publique, se trata de un proyecto pendiente de aprobación.

En lo que se refiere a responsabilidades prácticas, la reforma no describe en el articulado contenido sobre financiamiento o sanciones administrativas adicionales; sí define competencia: el Tribunal mantiene competencias para conocer y resolver conflictos entre asociaciones, federaciones, comités cantonales y sociedades anónimas deportivas, y el Consejo Nacional queda encargado de ejecutar las resoluciones del Tribunal.