Proyecto 24913: Cambios al proceso penal sobre audiencias preliminares, defensa y tribunales

El proyecto propone reformar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para trasladar decisiones clave al momento de la audiencia preliminar, regular los plazos y las consecuencias por la conducta de la defensa y el imputado, y permitir que ciertos tribunales funcionen con un solo juez. El proyecto está pendiente de aprobación. El expediente registrado es el 24913 y la iniciativa fue presentada por varios diputados.

El proyecto convierte a la audiencia preliminar en el "último momento procesal" para acordar medidas alternas al juicio (por ejemplo, conciliación, procedimiento abreviado, suspensión del proceso a prueba o la reparación integral del daño). En la práctica esto significa que esas soluciones deben proponerse y cerrarse en esa audiencia; si no se acuerdan ahí, el texto indica que ya no corresponderían posteriormente en el juicio ordinario, salvo las excepciones que la ley señale.

El proyecto establece que la reparación integral hecha "antes o durante la audiencia preliminar" podrá extinguir la acción penal en delitos de contenido patrimonial sin fuerza en las cosas y en delitos culposos, siempre que la reparación sea "a entera satisfacción de la víctima" y que la víctima o el Ministerio Público la admitan. En la práctica, cuando se cumplan esas condiciones, el proceso podría terminar sin llegar a juicio por esos hechos.

Sobre la organización de la audiencia y su convocatoria, el tribunal del procedimiento intermedio deberá notificar a las partes y convocarlas a una audiencia oral y privada que se celebrará dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte, contados desde la resolución que formula la acusación o la querella. El tribunal pondrá a disposición de las partes las actuaciones y las evidencias reunidas durante la investigación, y la audiencia servirá para resolver incidencias procesales y las actividades defectuosas señaladas por las partes.

Respecto al régimen de comparecencias y sus efectos, el proyecto dispone que la incomparecencia del imputado a la audiencia preliminar "producirá su rebeldía" y que, cuando se decrete la rebeldía, se dispondrá la captura del imputado. La víctima con domicilio conocido debe ser convocada; si está presente se le dará la palabra, pero su ausencia no suspende la audiencia cuando proceda la citación.

En materia de defensa técnica, el proyecto regula plazos y sustituciones. Permite que el defensor renuncie, pero obliga al tribunal o al Ministerio Público a fijar un plazo "no mayor de cinco días" para que el imputado designe otro abogado; si no lo hace, será nombrado un defensor público. También crea una figura de sustitución excepcional: si el abogado apersonado no puede asumir actos o diligencias concretas por incapacidad, vacaciones u otras causas análogas, deberá informarlo y se dará al imputado un plazo razonable, no mayor de cinco días, para designar otro defensor de confianza; si no lo hace, se nombrará defensor público.

El proyecto elimina el plazo común de cinco días que actualmente se concede a las partes para examinar actuaciones y evidencias desde la notificación del señalamiento de la audiencia preliminar; en su lugar, muchas de esas gestiones podrán plantearse oralmente durante la propia audiencia según lo que establezca el artículo que regula las facultades y deberes de las partes en ese acto. Esto busca que diligencias y excepciones se tramiten en la audiencia y reduce el trámite escrito previo.

En cuanto a decisiones y tiempos procesales, el tribunal deberá resolver oralmente las cuestiones planteadas al finalizar la audiencia, salvo que la complejidad obligue a diferir la resolución hasta por veinticuatro horas. El proyecto también aclara que, si el querellante y el actor civil no comparecen, bastará la conformidad del representante del Ministerio Público para aplicar el procedimiento abreviado cuando proceda.

Finalmente, en la organización judicial el proyecto enmienda reglas para que tribunales penales de juicio y tribunales especializados en delincuencia organizada puedan conocer determinados asuntos con un solo juez. En el texto se prevé expresamente que los tribunales especializados en delincuencia organizada "se constituirán con uno solo de sus miembros" para conocer, entre otros, la fase de juicio, dejando sin perjuicio la revisión por cámaras colegiadas en apelación.

La explicación anterior se basa en los artículos y las modificaciones que figuran en el articulado del proyecto y en su exposición de motivos; lo allí señalado describe lo que cambiaría en la práctica si la Asamblea Legislativa aprobara estas reformas tal como aparecen en el expediente 24913.