Proyecto 24905: Declaratoria de interés público y cultural del Carnaval Pableño

El proyecto propone declarar de interés público y cultural el evento denominado “Carnaval Pableño”, que se realiza en San Pablo de León Cortés, y autoriza a las instituciones públicas a contribuir con su realización. El articulado establece explícitamente esa declaratoria y la autorización para que entidades públicas participen en la realización del evento. Esta es una medida declarativa que busca formalizar el reconocimiento y facilitar la colaboración institucional; el proyecto aún está pendiente de aprobación.

El proyecto indica qué instituciones deben colaborar y con qué propósito. Establece que el Ministerio de Cultura y Juventud y el Instituto Costarricense de Turismo “colaborarán con el ente organizador y planificador del ‘Carnaval Pableño’ para garantizar la divulgación y promoción de dicha actividad”. También fija colaboración del Ministerio de Educación Pública para promover la participación de escuelas y colegios en actividades con fines educativos dentro del evento. Además, designa al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía de Tránsito para colaborar en la seguridad de los asistentes y en la coordinación vial durante la realización del carnaval. En la práctica, el texto propone que esas instituciones actúen como apoyos formales en difusión, participación educativa y seguridad durante el evento.

El proyecto define obligaciones y facultades para el ente organizador del carnaval. Señala que “el ente organizador y planificador del ‘Carnaval Pableño’ fomentará la participación activa de la comunidad local en la organización y desarrollo del ‘Carnaval Pableño’” y que se propiciarán espacios de consulta y participación ciudadana para recoger sugerencias y enriquecer la planificación de futuras ediciones. También autoriza a las instituciones públicas a contribuir con la realización del evento, lo que en la práctica permite que distintas dependencias aporten recursos o servicios conforme a lo que cada entidad acuerde o disponga.

El proyecto incluye disposiciones sobre vigencia y reglamentación. En su parte transitoria establece que “El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de seis meses” y que la norma “Rige a partir de su publicación”. Es decir, si se aprueba tal como está, la administración central tendrá seis meses para emitir reglas de aplicación y la declaración empezará a tener efecto desde la publicación oficial de la ley.

Sobre el estado del trámite y su autoría, el expediente figura con el número 24905 y fue presentado por el diputado Carlos Felipe García Molina; la ficha oficial registra como fecha de inicio 2025-03-24 y movimientos posteriores en comisiones y plenario, incluyendo un ingreso en el orden del día del Plenario con fecha 2026-03-17. Estas anotaciones describen el trámite legislativo registrado hasta las fechas señaladas y no equivalen a la aprobación definitiva del proyecto.

En cuanto a límites y efectos concretos, el proyecto declara y autoriza colaboración institucional pero no detalla en su texto montos, fuentes presupuestarias ni procedimientos administrativos concretos para financiar o ejecutar las contribuciones públicas. El texto sí obliga o dispone la colaboración verbalmente (por ejemplo, “colaborarán”, “fomentará”) y ordena que el Poder Ejecutivo regule la ley en seis meses, por lo que las precisiones operativas quedarían definidas en esa reglamentación si la ley se aprueba y se reglamenta. Queda pendiente de aprobación la transformación de estas obligaciones escritas en acciones concretas y en asignaciones presupuestarias que correspondan.