Proyecto 24870: Certificación de Empresas para la Inserción Sociolaboral

El proyecto propone crear y regular un sistema estatal de certificación para las llamadas Empresas para la Inserción Sociolaboral (EISL) con el fin de promover la incorporación de personas en situación de exclusión social al empleo formal. El texto establece qué es una EISL, quién la certifica y registra, qué obligaciones deben cumplir esas empresas, qué derechos y obligaciones tendrán las personas beneficiarias y qué incentivos y apoyos podrán recibir las empresas certificadas. El proyecto está presentado como expediente 24870 y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Regular un régimen jurídico y un marco para la promoción de la inserción sociolaboral mediante la certificación de organizaciones que realicen actividades económicas con el objetivo de integrar y formar a personas en situación de vulnerabilidad como tránsito al empleo formal. En la práctica esto significa que se crea una categoría normativa —la EISL— y se exige que dichas empresas actúen bajo un proceso de inserción personalizado para las personas beneficiarias, con contratos y convenios de inserción que documenten ese proceso.

Para operar, el proyecto crea un Registro Público de Empresas para la Inserción Sociolaboral y asigna al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de su Oficina de Empleo, la responsabilidad de crear y ejecutar ese registro y de emitir las certificaciones. El MTSS debe resolver las solicitudes de certificación y notificar en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la documentación; además puede otorgar certificaciones provisionales cuando lo permita el reglamento y debe realizar seguimiento y control a las empresas certificadas.

El texto fija obligaciones concretas para las empresas certificadas. Entre las exigencias más destacadas aparece mantener el 25% de su planilla anual ocupada por personas beneficiarias en procesos personales de inserción —siempre que ese porcentaje represente al menos dos personas—; aplicar parte de las utilidades a la mejora productiva y de inserción; capacitar a las y los trabajadores; iniciar la incorporación de las personas beneficiarias a las actividades productivas dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la certificación; y rendir anualmente cuentas económicas y sociales. El incumplimiento de requisitos y la falta de información de gestión pueden provocar pérdida de la certificación.

Específicamente menciona a personas dependientes de sustancias psicoactivas, personas en situación de calle, ex‑privados de libertad y personas privadas de libertad del régimen semiinstitucional, entre otros grupos en situación de exclusión. Las personas beneficiarias deben cumplir requisitos según su condición (por ejemplo presentar certificaciones de tratamiento o de cumplimiento de condena cuando corresponda), participar activamente en el proceso de inserción y presentar una propuesta formal de trabajo o aceptar la actividad pactada en el contrato.

Como contraprestaciones y estímulos, la iniciativa contempla una serie de beneficios para las empresas certificadas: acceso y apoyo financiero del sistema de banca para el desarrollo y programas públicos, acceso a capacitaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y tratamientos fiscales parciales para los costos vinculados al proceso de inserción. De forma destacada, el proyecto establece que serán deducibles del impuesto sobre la renta “un 45% los primeros 3 años y un 20% los siguientes dos años” de los costos asociados al proceso de inserción sociolaboral; también prevé reducciones en cargas sociales y otras facilidades que el articulado especifica para favorecer la viabilidad económica de las EISL.

Dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor y que la norma “rige a partir de su publicación”. El MTSS tiene plazos operativos (resolver solicitudes en hasta tres meses) y responsabilidades de coordinación con otras instituciones públicas que participan en la atención de poblaciones vulnerables (por ejemplo IMAS, IAFA, INA y Junta de Protección Social), según lo que establece el articulado. Estas reglas solo producirían efectos si la Asamblea aprueba el proyecto y, luego, si se cumplen sus requisitos reglamentarios y administrativos.

Quien quiera conocer el estado del trámite puede identificar el expediente con el número 24870; el proyecto fue presentado el 27 de febrero de 2025 por un grupo de diputadas y diputados y, según el registro público del trámite, ha sido remitido a comisión para dictamen. La explicación anterior se basa íntegramente en el contenido del proyecto tal como fue presentado y está sujeta a que la Asamblea Legislativa lo modifique o no lo apruebe en su trámite ordinario.