Proyecto 24869: Proyecto propone crear un impuesto electoral y exonerar el IVA en la contribución estatal a los partidos políticos
El proyecto propone crear un impuesto electoral del trece por ciento (13%) que se aplicaría como descuento sobre el monto total fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como deuda política a favor de los partidos. Además, establece la exoneración del pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para las compras relacionadas con los gastos electorales y los gastos permanentes de los partidos. El texto que explico está pendiente de aprobación.
El TSE define el monto total de la deuda política que corresponde a los partidos; al asignar los fondos, el Ministerio de Hacienda descontaría el 13% correspondiente al impuesto electoral, y el monto base que se emplea en la operación se calcularía dividiendo el monto total entre 1.13 (Monto Base = (Monto Total) / 1.13). Es decir, el Estado entregaría a los partidos el valor neto después de aplicar ese descuento en el momento en que se asignan los recursos.
Quedan afectados, en primer término, los partidos políticos que reciben la contribución estatal calculada por el TSE como deuda política. El proyecto no cambia las reglas que determinan qué partidos reciben aporte del Estado (por ejemplo el requisito del 4% de apoyo electoral que exige el TSE para acceder a financiamiento), pero introduce el nuevo mecanismo del descuento del 13% sobre lo que el TSE haya fijado como deuda política.
El proyecto también regula el tratamiento del IVA y la facturación. Los partidos quedarían exentos del pago del IVA en la adquisición de bienes y servicios destinados exclusivamente a sus gastos relativos a procesos electorales y a sus gastos permanentes. Los proveedores deberán emitir las facturas o comprobantes que exijan las reglas, pero durante el periodo electoral se permiten excepciones: los partidos podrán pagar a proveedores que no estén registrados ante Hacienda siempre que entreguen el comprobante que indique el Tribunal Supremo de Elecciones. Para contratos de servicios especiales sin factura o cuando apliquen excepciones, el monto del contrato no podrá exceder el salario mínimo legal del trabajador no calificado, y el TSE definirá parámetros para arrendamientos u otros valores según el mercado.
El propio proyecto incluye cálculos numéricos de ejemplo que muestran el ahorro estatal que generaría aplicar el descuento del 13%. Como ejemplo, si el monto total de la deuda política fuera ₡93.178.914.410,00, la fórmula daría un monto base neto de ₡82.459.216.292,04 y un ahorro de ₡10.719.698.117,96 para el Estado. Si se aplica el mismo método sobre un monto total hipotético de ₡53.945.687.290,00, el monto base neto sería ₡47.739.546.274,34, con un ahorro estimado de ₡6.206.141.015,66. Esos cálculos aparecen en el proyecto como ejemplos del efecto fiscal del descuento.
Las disposiciones rigen a partir de su publicación en caso de aprobarse. También el texto fija límites y formalidades sobre documentación, plazos y montos (por ejemplo el tope en contratos especiales), y remite al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio de Hacienda las funciones de determinar montos, plazos y comprobantes en las circunstancias previstas. El proyecto, por tanto, decide crear el impuesto, definir cómo se descuenta y regular la exención del IVA y las excepciones de facturación, pero está pendiente de convertirse en ley para que esas acciones sean obligatorias.
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