Proyecto 24815: flexibilizar la salida del país de personas que deben pensiones alimentarias

El proyecto propone modificar el Código Procesal de Familia para permitir que, en ciertas circunstancias y bajo condiciones específicas, una persona que debe una pensión alimentaria pueda obtener autorización para salir del país aun cuando exista una imposición alimentaria en su contra. La propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio principal es una reforma al artículo que hoy impone una restricción migratoria automática cuando se presenta una demanda de pensión alimentaria y una adición de un artículo nuevo (llamado 261 bis) que abre una vía procesal para autorizar salidas temporales o excepcionales. En la práctica eso significa que se mantiene la regla general (salir solo con autorización del acreedor o garantizando pagos por un año, cuando aplica) y se añade una alternativa: pedir directamente al juez una autorización basada en motivos justificados.

Quienes se verían afectados son las personas obligadas a pagar pensiones alimentarias (los deudores alimentarios). Para usar la vía nueva deben solicitar ante el juzgado de Pensiones Alimentarias que conoce su expediente y acreditar la causa de la salida: razones laborales (por ejemplo trabajo que exige salir del país), académicas, de salud, vacaciones o por enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, entre los motivos expresados en el texto.

La persona deudora debe estar al día con el pago de la obligación alimentaria y haber cumplido de forma ininterrumpida con la pensión por, al menos, dos años desde que se impuso la cuota; además debe acreditar de forma fehaciente los motivos y las condiciones invocadas. El juez tiene discrecionalidad: podrá autorizar la salida por una única vez, por varias ocasiones o de forma indefinida si el motivo lo requiere y está debidamente justificado.

Las personas deudoras que estén pensionadas por invalidez o vejez no tendrían impedimento migratorio si acreditan su condición; la tramitación de esa solicitud se regiría por las reglas del proceso de Petición Unilateral previstas en el Código Procesal de Familia (numeral 242 y siguientes), según el texto del proyecto.

Como medida administrativa, el proyecto obliga a que el Poder Judicial y la Dirección General de Migración y Extranjería cuenten con un índice de personas obligadas alimentariamente. Para mantener ese registro actualizado, las autoridades judiciales deberán enviar de forma inmediata cualquier imposición alimentaria que se haga, salvo que la parte actora manifieste expresamente no tener interés en esa comunicación. Esto busca que la información sobre imposiciones alimentarias esté disponible para controlar las salidas del país.

La salida sigue siendo posible si la parte acreedora autoriza expresamente o si se garantiza el cumplimiento de los pagos correspondientes a un año (cuando corresponda cuota fija), y ahora se añade la alternativa prevista en el artículo nuevo. El texto señala que la ley rige a partir de su publicación si es aprobada.

La propuesta fue presentada en la Asamblea Legislativa como expediente número 24815 por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz. Está pendiente de discusión y aprobación; hasta que la Asamblea la apruebe y se publique no cambia la normativa vigente.