Proyecto 24814: Proyecto que obliga a las Juntas de Educación a inscribirse como clientes del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) antes de ser nombradas

El proyecto propone reformar el inciso g) del artículo 13 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 abril de 1998, para exigir que las personas designadas como miembros de las Juntas de Educación presenten, antes de su nombramiento por el Concejo Municipal, la documentación que acredite su inscripción y estar al día como clientes institucionales del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP). El objetivo expuesto en la exposición de motivos es garantizar que las Juntas de Educación estén registradas como clientes institucionales del PAI como requisito previo al nombramiento, sin que esta propuesta sea todavía una norma aprobada (está pendiente de aprobación).

La modificación concreta que plantea el artículo único del proyecto es sustituir o añadir el requisito dentro del inciso g) del artículo 13 del Código Municipal para que, al nombrar directamente a las personas miembros de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, estas "deberán aportar una certificación de estar al día como cliente institucional del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)" y que solo podrán ser removidas por justa causa. Esto vuelve condición documental la acreditación de la inscripción y el cumplimiento con el PAI como requisito formal para ejercer el cargo.

En la práctica, el cambio significa que los Concejos Municipales no podrán completar el nombramiento de las personas propuestas para integrar las Juntas de Educación hasta que quienes van a ser nombrados entreguen la certificación exigida por el proyecto. El texto indica además que la designación seguiría haciéndose "por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros", pero añade la obligación de la certificación como condición previa al nombramiento.

En un plazo no mayor a un año, el órgano del CNP encargado de la inspección de los comedores estudiantiles debe enviar un informe a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre las condiciones de los comedores que no ofrecen condiciones adecuadas e inocuas para la preparación y servicio de alimentos, con el fin de que se tomen las acciones necesarias para su inscripción como clientes del PAI. El proyecto dispone que la reforma "rige a partir de su publicación" si se aprueba.

Señala retrasos en los pagos del PAI a proveedores y que el Concejo Nacional de Producción, en oficio del 11 de junio de 2024, informó que "el monto real adeudado a esa fecha por los centros educativos a los proveedores del PAI es de ¢16,275,429,858.69"; además describe que varios centros educativos dejaron de participar y que existen dificultades de funcionamiento y trazabilidad en la cadena de suministro. Esos hechos se presentan como razones para condicionar el nombramiento a la inscripción en el PAI, no como resultados ya alcanzados por la propuesta.

El proyecto fue presentado y tiene expediente número 24814; su tramitación aparece con fechas de inicio (2025-02-05), publicación (2025-03-03) y un vencimiento cuatrienal (2029-02-05). En la tramitación constan pasos en la comisión de Agropecuarios con debates, votación de comisión y remisión al Plenario; el documento aún debe ser aprobado en las instancias correspondientes para convertirse en ley.

Las personas y entidades afectadas por la norma propuesta son, principalmente, las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas de los centros oficiales de enseñanza (cuyos miembros deben presentar la certificación), los Concejos Municipales (que deben exigir y verificar la documentación antes de nombrar), el Consejo Nacional de Producción (como administrador del PAI y responsable de inspección de comedores) y, en la práctica, los proveedores del PAI y el Ministerio de Educación Pública en su rol de coordinación y fiscalización. El proyecto establece la obligación documental previa al nombramiento y un mecanismo de inspección y reporte, pero no describe en el articulado aprobado aquí medidas de financiamiento ni pasos administrativos detallados para resolver la mora señalada; esos aspectos quedan fuera de la decisión textual o deben precisarse en su trámite posterior.

El proyecto está pendiente de aprobación y, si se convierte en ley, su exigencia principal (la certificación de estar al día como cliente institucional del PAI) comenzaría a aplicarse desde la publicación oficial de la norma, salvo que el texto final aprobado introduzca cambios diferentes.