Proyecto 24811: Proyecto que agrega un artículo para exigir intercambio automático de información sobre criptoactivos (CARF)

El proyecto propone adicionar un artículo denominado 106 quinquies al Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley N°4755) para crear un procedimiento que permita requerir información no financiera con el fin de facilitar el intercambio automático de información sobre operaciones con criptoactivos entre jurisdicciones. Esta propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio obliga a quienes, en el ejercicio de una actividad comercial, realizan determinadas transacciones con criptoactivos para o por cuenta de clientes —por ejemplo plataformas de intercambio, corredores/intermediarios y operadores de cripto‑ATM, entre otros— a suministrar a la Administración Tributaria información “predefinida y previsiblemente pertinente para efectos tributarios”. En la práctica, esto significa que ciertos intermediarios y prestadores de servicios relacionados con criptoactivos deberán identificar a sus clientes/usuarios, obtener la documentación exigida y preparar reportes para la autoridad fiscal conforme a criterios que ésta establezca.

Exige reportes anuales agregados por tipo de criptoactivo que incluyan operaciones de cripto a cripto, de cripto a moneda fiduciaria y transferencias a monederos fuera de línea. La Administración Tributaria queda facultada para fijar, mediante resolución de alcance general, los plazos, la forma y los procedimientos internos de control y debida diligencia que los obligados deberán aplicar antes de elaborar el reporte anual.

Para la ejecución y supervisión, la Administración podrá supervisar, verificar y monitorear a los sujetos obligados mediante actuaciones anuales que se realizarán con base en criterios objetivos de selección y planes de riesgo. Además, la norma prevé que la propia Administración publique cada dos años los criterios objetivos de selección y los criterios de riesgo que emplee para esas actuaciones.

El proyecto incluye sanciones administrativas por incumplimiento. Entre las faltas señaladas figuran la no entrega de la información, la ausencia de procedimientos internos de control, la firma de autocertificaciones inexactas, la falta de conservación de la documentación de respaldo por al menos cinco años y la falta de respuesta a requerimientos. Como sanción principal se propone una multa equivalente al 2% de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor en el periodo del impuesto sobre utilidades anterior, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base; si el obligado subsana el incumplimiento dentro de los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del plazo conferido, la multa se reducirá en un 75%. Si no puede conocerse el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción equivalente a diez salarios base. Además, por cada registro incorrecto se establece una sanción de 1% del salario base, sin que esa sanción por registro exceda la multa máxima prevista.

La información que los obligados entreguen deberá ser manejada con confidencialidad según lo previsto en la Ley N°4755; además el proyecto indica expresamente que la información recabada no podrá ser utilizada para fines distintos a los establecidos en el artículo propuesto. La norma dispone que rige a partir de su publicación y que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar el artículo 106 quinquies en un plazo de doce meses contados desde la entrada en vigencia de la ley.

Quienes resulten afectados directamente son las personas físicas o jurídicas que, como actividad comercial, realizan transacciones en criptoactivos para clientes o por cuenta de clientes, y la Administración Tributaria, que recibirá, controlará, supervisará y compartirá la información conforme a convenios internacionales vigentes. La propuesta define obligaciones concretas (suministrar información predefinida, ejecutar procedimientos de debida diligencia y mantener documentación), responsabilidades de la Administración (fijar plazos y formas por resolución, supervisar y publicar criterios) y sanciones económicas con montos y condiciones precisas. El alcance temporal y operativo exacto (por ejemplo, fórmulas de cálculo precisas, los formatos de reporte y las listas exactas de sujetos obligados) dependerá de la resolución general que emita la Dirección General de Tributación y del reglamento que el Poder Ejecutivo deba dictar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor.