Proyecto 24810: Penalizar los negocios piramidales

El proyecto propone penalizar como estafa las conductas relacionadas con los llamados negocios piramidales, incorporando un párrafo final al artículo 63 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N.° 7472). La sanción propuesta es la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, aplicada a quien “dirija, ejecute, promueva, patrocine, induzca, financie o colabore” en ese esquema. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

“Negocio piramidal” y “fraude piramidal”. Según el texto, un negocio piramidal es la conducta en la que una persona física o jurídica insta a otras a invertir dinero previamente para participar, con la expectativa de recibir una suma adicional en un plazo determinado, donde la compensación depende de la estructura, plazo y número de personas involucradas. El fraude piramidal se define como un esquema no regulado que paga altos rendimientos con el mismo capital recibido y que se mantiene solo si se incorporan continuamente nuevos inversionistas o los antiguos reinvierten sus rendimientos.

En la práctica, lo que cambiaría si se aprueba es que las conductas antes descritas quedarían expresamente tipificadas dentro de la normativa de protección al consumidor y castigadas como estafa según el Código Penal. Eso significa que además de otras medidas administrativas o civiles, las autoridades podrían perseguir penalmente a las personas y entidades que organicen o faciliten estos esquemas, aplicando la pena ya prevista para el delito de estafa.

Quienes quedarían sujetos a la penalización, según el articulado propuesto, son las personas físicas o jurídicas que “dirijan, ejecuten, promuevan, patrocinen, induzcan, financien o colaboren” en un fraude piramidal. Además, el proyecto distingue explícitamente estos esquemas de los negocios legítimos de venta directa multinivel, señalando que en los multinivel lícitos los ingresos provienen de la venta de productos y no de la simple incorporación de personas, y que la confusión entre ambos ha afectado tanto a consumidores como a distribuidores independientes.

El proyecto indica su entrada en vigor a partir de su publicación. La iniciativa incluye antecedentes y ejemplos de casos nacionales e internacionales que motivan la propuesta, y busca proteger el patrimonio de las personas, en especial de las más vulnerables o con menor educación financiera. El texto legal propuesto está presentado ante la Asamblea Legislativa y, por tanto, su aplicación depende de su aprobación y de la posterior ejecución por parte de las autoridades competentes.