Proyecto de ley 24808: autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a usar nuevas habilitaciones legales para apoyar al sector cultural independiente

El proyecto propone adicionar un artículo 2bis a la Ley No. 4788 (la ley que creó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes) para facultar al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y a sus órganos desconcentrados a hacer uso de varias habilitaciones legales destinadas a fortalecer el sector cultural independiente. Esta es una propuesta que está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto detalla las facultades concretas que se quieren adicionar. Entre ellas se encuentran: arrendar y establecer mecanismos de garantía para el uso temporal de espacios y recursos materiales (con la salvedad de que quedan excluidos los recursos culturales protegidos por norma especial); permitir el uso gratuito de espacios físicos para difusión, promoción, apoyo y comercialización de productos culturales; reglamentar el “rubro de extrafunciones” para actividades culturales; definir y recaudar montos por entradas o boletos (incluyendo reglas sobre entradas de cortesía); cobrar matrículas por cursos y actividades formativas (manteniendo gratuitas las formaciones cuyo fin sea social, según la propuesta); crear y reglamentar la figura de la coproducción cultural y/o artística; y crear, financiar, reglamentar y operativizar fondos concursables no reembolsables para financiar proyectos artísticos y culturales. El texto enumera estas autorizaciones en forma de incisos que precisan el tipo de habilitación que se propone otorgar al MCJ.

El proyecto establece además reglas sobre la gestión de los recursos que se generen con estas habilitaciones: los ingresos que provengan del uso de estas facultades serían gestionados por el Ministerio y sus órganos desconcentrados, respetando el principio de caja única del Estado y las orientaciones del Ministerio de Hacienda y la normativa vigente. En otras palabras, el proyecto no propone que los órganos manejen esos ingresos de forma autónoma fuera del sistema financiero del Estado, sino que se integren al sistema de gestión del sector público.

El proyecto también incluye límites y excepciones. Por ejemplo, el inciso referente al arrendamiento aclara que “quedan excluidos de la aplicación de este inciso, aquellos recursos culturales protegidos por norma especial”, es decir que bienes culturales que ya tengan protección legal específica no podrían ser objeto de arrendamiento en virtud de esta habilitación. Otra excepción práctica es que la normativa sobre extrafunciones y remuneraciones deberá respetar los marcos salariales aplicables a la Administración Pública.

El texto propone además que la figura de la coproducción cultural/artística quede regulada y reconocida explícitamente por la ley, con la intención de que ese mecanismo facilite la ejecución de producciones artísticas conjuntas entre el MCJ (o sus órganos) y otras instituciones públicas o privadas. El proyecto incluye una argumentación administrativa que sostiene que la coproducción no debe considerarse, en su naturaleza, como una contratación pública tradicional sino como un mecanismo de colaboración para producir bienes culturales; la ley buscaría regular esa figura y su procedimiento.

El expediente acompaña cifras y ejemplos de instrumentos y fondos que ya opera el MCJ o que se gestionan desde entidades adscritas, para mostrar el volumen y la experiencia de gestión. Entre los datos que aporta la documentación están, por ejemplo, inversiones del fondo audiovisual “El Fauno” por un total de ¢904.590.000,00 entre 2022 y 2023, y un total de ¢286.945.225,00 identificado para los fondos concursables para proyectos literarios en el mismo período. Esos datos se presentan en la exposición de motivos como antecedentes que el proyecto pretende institucionalizar o regular desde la ley.

En práctica, si la ley se aprueba, permitiría al MCJ y a sus órganos desconcentrados (por ejemplo teatros nacionales, centros culturales y programas sectoriales) generar ingresos por arrendamientos y venta de entradas, usar sus espacios para actividades gratuitas de difusión cultural, recibir y administrar fondos concursables para financiar proyectos, formalizar mecanismos de coproducción con otras instituciones y pagar rubros de extrafunciones al personal que atienda programación fuera de su jornada ordinaria. Todo ello está planteado como facultades que el Ministerio “podrá” ejercer y que deberán reglamentarse, por lo que la implementación concreta dependerá de los reglamentos y procedimientos que el Poder Ejecutivo y el propio Ministerio dicten.

En el término de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo debe promulgar los reglamentos que sean necesarios para aplicar las materias contenidas en la norma. Esa regla impone un plazo para que se definan las reglas operativas y administrativas que harán efectivas las facultades otorgadas por la ley.

Quienes se verían afectados directamente, según el texto, son el propio Ministerio y sus órganos desconcentrados (que recibirían las nuevas facultades), las y los trabajadores a los que se les pueda aplicar el rubro de extrafunciones, y el sector cultural independiente y las organizaciones culturales que podrían acceder a fondos, coproducciones, espacios y mecanismos de apoyo. La ciudadanía usuaria también podría resultar afectada en su acceso a actividades, ya sea por el aumento de oferta apoyada por estos fondos o por las reglas de cobro de entradas; sin embargo, los detalles concretos (por ejemplo porcentajes, criterios de selección de proyectos, tarifas o montos exactos) deberán establecerse en la reglamentación que la ley encomienda.

Por último, el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y, según el expediente, sigue pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; hasta que la Asamblea no apruebe la ley y no se publiquen y apliquen los reglamentos correspondientes, las facultades descritas permanecerán como una propuesta normativa. La documentación incluida en el expediente ofrece antecedentes financieros y técnicos que el Ministerio usa para argumentar la conveniencia de la norma, pero la aprobación, la reglamentación y la ejecución efectiva son pasos posteriores que el proyecto no sustituye ni garantiza.