Proyecto 24793: Ley para eliminar el régimen de pensiones de los expresidentes y expresidentas de la República

El proyecto propone eliminar por completo el Régimen de Pensiones de los Expresidentes y Expresidentas de la República: deroga el capítulo del cuerpo legal que establece ese pago con cargo al Presupuesto Nacional y sustituye las reglas para quienes ya reciben esa pensión. La iniciativa está pendiente de aprobación.

Para entender quién presenta y el estado del trámite, el expediente que identifica esta iniciativa es el número 24793 y fue presentado por varios diputados, entre ellos Johnatan Jesús Acuña Soto y Priscilla Vindas Salazar; consta fecha de inicio 2025-01-28 y fecha de publicación 2025-02-19. El proyecto siguió el trámite en comisión y tuvo dictamen, y su paso final corresponde al Plenario según el expediente (las fechas y actuaciones aparecen en el registro del trámite).

En la práctica, si la ley se aprueba quedaría derogado el capítulo que creó la pensión especial para expresidentes; eso significa que la norma ya no contemplaría el derecho automático a esa pensión para futuros casos. Para las personas que ya son beneficiarias cuando la ley entre en vigencia, el proyecto plantea reglas específicas para mantener o perder la pensión: la persona beneficiaria (el expresidente, expresidenta o su causahabiente) deberá demostrar ante la Dirección Nacional de Pensiones que sus ingresos mensuales de otras fuentes son inferiores a tres salarios base; si no lo demuestra, la pensión se suspenderá.

Considera que tres salarios base equivalen a 1.386.600 colones para el año 2021 y plantea que, si las personas beneficiarias actuales perciben otros ingresos superiores a ese umbral, la pensión quedaría suspendida. Asimismo, si en el futuro la situación económica del beneficiario cambia y sus ingresos superan un límite equivalente a dos veces el ingreso mensual total promedio de los hogares, será responsabilidad del beneficiario informar a la Dirección Nacional de Pensiones para que, de forma inmediata, suspenda el derecho a la pensión.

No tendrá derecho a la pensión del régimen de expresidentes quien reciba una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni quien reciba pensión del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional ni del régimen de Pensiones del Poder Judicial. Esa restricción aplica a las personas que ya reciban esas pensiones contributivas y, según el texto, les impide recibir además la pensión de expresidentes.

Incluye un cuadro con el monto presupuestado entre 2007 y 2021 para el Régimen de Pensiones de los Expresidentes, con un total acumulado de ¢ 6 293 174 863,00 y señala que en promedio se presupuestaron alrededor de 420 millones de colones por año en ese periodo. El texto usa esos datos para justificar que el régimen representa un peso sobre las finanzas públicas y que beneficia a un número limitado de personas.

Invoca el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo para justificar que la legislación nacional puede imponer “suspensiones” a prestaciones no contributivas cuando las ganancias del beneficiario u otros recursos excedan un valor prescrito. La iniciativa dispone que la ley rige a partir de su publicación si llega a aprobarse.

Queda claro que lo anterior describe lo que propone la iniciativa y las condiciones que fijaría para suspender o vetar la pensión de expresidentes; la propuesta todavía está pendiente de aprobación por el órgano legislativo y, hasta que no se publique la ley en caso de aprobarse, las normas vigentes sobre pensiones de expresidentes siguen aplicándose.