Proyecto 24760: Reforma del artículo 328 de la Ley General de la Administración Pública (cobro de costas a favor de trabajadores vencedores)

El proyecto propone cambiar la regla que hoy impide cobrar o imponer costas en los procedimientos administrativos ordinarios, para permitir que cuando una persona trabajadora resulte vencedora en un procedimiento administrativo iniciado en su contra, la Administración que pierda deba pagarle las costas personales y procesales que la persona trabajadora haya tenido que afrontar para su defensa. Se trata de una propuesta parlamentaria cuyo efecto jurídico requeriría la aprobación final de la Asamblea Legislativa; según el registro del expediente 24760, el proyecto obtuvo un dictamen de mayoría negativo y el expediente fue archivado el 28/04/2026.

La modificación concreta que propone el proyecto es que, excepcionalmente, en el procedimiento ordinario administrativo sí pueda imponerse el pago de costas a favor de la persona trabajadora vencedora. En la práctica eso significa que, si una autoridad administrativa inicia un proceso disciplinario o administrativo contra un funcionario o funcionaria y al final ese trabajador resulta vencedor, la Administración vencida estaría obligada a asumir los gastos personales y procesales que la persona haya hecho para defenderse (por ejemplo, el pago de un abogado, si es lo que la persona contrató). El texto habla específicamente de “costas personales y procesales en las que la persona funcionaria haya incurrido para poder ejercer su defensa”.

El proyecto aclara además que el derecho al cobro de esas costas será exigible incluso cuando el procedimiento termine por razones distintas a una sentencia que declare al trabajador “vencedor”, como la nulidad, la prescripción, la caducidad u otra causa, salvo una excepción: no corresponderá el pago de costas cuando exista una conciliación entre las partes promovida por la persona trabajadora. Es decir, salvo que el trabajador haya promovido y logrado una conciliación, el pago puede exigirse aun cuando el procedimiento acabe por alguna de las causas formales mencionadas.

El texto señala que las condiciones prácticas para cobrar y pagar esas costas (cómo se tramita el cobro, qué comprobantes se requieren, plazos, cálculo concreto de montos, etc.) se deberán fijar mediante un reglamento. En la práctica esto significa que el proyecto crea la obligación general pero deja al reglamento administrativo la definición de procedimientos y requisitos para materializar ese cobro.

En cuanto al ámbito temporal, el propio proyecto incluye un artículo transitorio que dice expresamente que la reforma será aplicable a los procedimientos administrativos disciplinarios que concluyan en fecha posterior a la entrada en vigencia de la reforma, sin importar cuándo se iniciaron. Eso implica que la regla no se aplicaría a procedimientos ya concluidos antes de que la reforma empiece a regir, pero sí a aquellos que terminen después de la entrada en vigor aunque se hayan iniciado antes.

“Rige a partir de su publicación”, lo que quiere decir que la norma propuesta empezaría a producir efectos desde el día en que se publique oficialmente si fuera aprobada. Al momento del registro del expediente, sin embargo, el trámite parlamentario mostró que el proyecto fue objeto de dictamen de mayoría negativo y que el expediente fue archivado el 28/04/2026, circunstancia que impide que la reforma entre en vigor a menos que se vuelva a presentar y aprobar en otra tramitación.