Proyecto de ley para reforzar la seguridad turística en playas nacionales (Expediente 24754)

El proyecto propone fortalecer la seguridad en playas nacionales mediante cambios a varias leyes vigentes para exigir planes de gestión de riesgos, dotar y regular a guardavidas, crear reglas de financiamiento y organizar la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos; es un proyecto de ley presentado el 2024-12-12 y está pendiente de aprobación.

El proyecto propone añadir un párrafo al artículo 19 de la Ley N.º 6043 (Ley sobre la zona marítimo terrestre) para que, hasta que una zona no tenga la “declaratoria de aptitud turística”, no se autoricen obras ni construcciones en la zona marítimo terrestre; además exige que las zonas clasificadas como de aptitud turística y sometidas a un Plan Regulador Costero cuenten para su autorización con “un plan de manejo especial para turismo, que incluya la gestión de riesgo, la atención de emergencias y el soporte de guardavidas.” Esto modifica las condiciones para autorizar usos turísticos en la franja litoral y vincula la autorización a la existencia de un plan de manejo que incorpore medidas de seguridad y respuesta inmediata.

Establece la necesidad de nombrar inspectores y guardavidas con potestades para desempeñar sus funciones y acceso a instalaciones públicas relacionadas con la playa, y reforma artículos de la Ley N.º 6043 y de la Ley N.º 9780 para mejorar el funcionamiento de las unidades de guardavidas y su integración en la prevención y atención de ahogamientos. En el articulado se dispone además que los inspectores y guardavidas tendrán la autoridad necesaria para el cumplimiento de sus funciones conforme a la ley.

Modifica la distribución de los ingresos municipales por concesiones en la zona restringida (artículo 59) indicando porcentajes concretos para destinarlos a seguridad turística. En el texto se establece que “un veinte por ciento” se formará como fondo para mejoras incluyendo “la construcción, mantenimiento y remodelación de infraestructura para la seguridad turística y guardavidas”; “un cuarenta por ciento” se invertirá en obras de mejoramiento e inversiones en “servicios de asesoría, investigación, capacitación y gastos de administración”; “un treinta por ciento” se invertirá en obras de mejoramiento del cantón; y “el diez por ciento restante” deberá invertirse en la ejecución y actualización periódica de planes de emergencia, infraestructura física, logística para atención al turismo y en la compra, mantenimiento y reposición de equipo para la labor operativa de guardavidas.

Añade un inciso que fija “una tasa de un dólar estadounidense (US$1)” y detalla su distribución, destinando “0,50 centavos de dólar (US$0,50) para los cantones con programas de guardavidas … para la contratación de personal, equipamiento, desarrollo de infraestructura en las playas identificadas por el ICT como turísticas” y “0,50 centavos de dólar estadounidense (US$ 0,50) para la Asociación Cruz Roja Costarricense para sufragar la contratación de personal, compra y actualización de equipo, así como de capacitación para las operaciones de búsqueda y rescate.” Ese cobro está pensado como fuente específica para personal, equipos y obras en playas turísticas.

El proyecto regula el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos: indica que la Comisión “sesionará ordinariamente cada tres meses” y que “podrá sesionar de manera presencial o virtual”, y además establece que “podrá contar con el apoyo del sector técnico y científico involucrado con la dinámica de las playas” para completar labores preventivas y de rescate, habilitando a las instituciones que integran la Comisión para designar el personal necesario. Con ello se pretende organizar la coordinación técnica entre instituciones y mantener reuniones periódicas para la planificación y supervisión.

El proyecto autoriza a las municipalidades a recibir donaciones y convenios en nombre de la Comisión y de las unidades de guardavidas, y señala que las medidas y las reformas previstas “rigen a partir de su publicación” si el proyecto llegase a convertirse en ley. El texto legal especifica disposiciones sobre nombramientos, acceso, financiamiento y obligaciones que solo entrarían en vigor desde la publicación de la ley aprobada. El proyecto fue presentado como expediente 24754 por Yonder Andrey Salas Durán y, hasta donde muestra el trámite incluido, se trata de un proyecto en discusión y pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

El proyecto expone y obliga a condiciones concretas (planes de manejo especial, nombramiento de personal, porcentajes de gasto y una tasa por turista) pero no enuncia en su texto plazos detallados de implementación operativa ni transforma automáticamente en acciones ejecutadas los objetivos que plantea; la materialización dependerería de la aprobación del proyecto y de las medidas administrativas y presupuestarias que se tomen después, según las normas y competencias vigentes.