Proyecto 24744: Creación de espacios cardioprotegidos: qué propone y cómo funcionaría

El proyecto propone crear la figura legal de “espacios cardioprotegidos” y obligar a ciertos lugares y eventos a contar con capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y con desfibriladores externos automáticos (DEA) disponibles para atender emergencias cardíacas. Esta propuesta está pendiente de aprobación y, si se aprueba, establecería obligaciones concretas sobre quién debe tener equipos y formación y qué papel debe cumplir el Ministerio de Salud.

El proyecto busca proteger la vida mediante educación y preparación ante emergencias cardíacas y exige que en espacios con alta afluencia de público se utilice el DEA como parte del equipo de emergencia. En la práctica eso significaría que quienes administran o son propietarios de los lugares incluidos deben incorporar al plan de emergencias un capítulo específico para emergencias cardíacas y garantizar el acceso a DEA operativos y personal entrenado para primeros auxilios.

El texto define qué es un DEA, qué es un espacio cardioprotegido y qué se entiende por espacios de alta afluencia o de concentración masiva de personas. Un DEA queda descrito como “dispositivo de emergencia médica, ya sea automático o semiautomático, utilizado para reiniciar un corazón detenido por una arritmia cardíaca grave” y se señala que es apto para ser usado por cualquier persona sin necesidad de conocimientos médicos avanzados. Un espacio cardioprotegido deberá disponer de personal con capacitación en RCP básica, educación al personal y DEA señalizados y accesibles.

Transportes de asistencia básica y sus terminales, eventos de concentración masiva (conciertos, estadios, gimnasios, parques de diversiones y otros), recintos y oficinas públicas, centros penitenciarios, recintos culturales, centros de entretenimiento, centros educativos, centros comerciales, centros empresariales y eventos masivos públicos o privados que superen ciertos umbrales de personas (por ejemplo oficinas o condominios con más de doscientas personas y eventos con más de cien asistentes). Además el reglamento podrá ampliar otros casos.

Debe emitir el reglamento, establecer protocolos, registrar y verificar los DEA, solicitar controles de mantenimiento anuales, verificar anualmente el plan de emergencia y el cronograma de acciones correctivas, y ofrecer capacitación y supervisión. El control y la verificación del cumplimiento servirán también como requisito previo al otorgamiento y a la renovación de permisos sanitarios de funcionamiento.

Las obligaciones concretas que impone el proyecto para que un lugar sea considerado cardioprotegido son, como mínimo, contar con personal capacitado en RCP básica; disponer de un DEA operativo (con vigencia de baterías y parches), ubicado en sitio de rápido acceso y debidamente rotulado; ofrecer capacitación y sensibilización a usuarios; y comunicar activamente a colaboradores y clientes la disponibilidad del programa. El incumplimiento habilita al Ministerio de Salud a dictar órdenes sanitarias y medidas como cierre del establecimiento o clausura del evento y a aplicar las sanciones previstas en la Ley General de Salud.

Sobre la responsabilidad de quienes usen un DEA, el proyecto establece una exención de responsabilidad subjetiva: las personas que utilicen el desfibrilador no incurrirán en responsabilidad civil ni penal siempre que su actuación haya estado apegada a los protocolos del Ministerio de Salud y bajo el deber de diligencia y razonabilidad.

En materia de financiamiento, el proyecto propone reformar el destino del tributo de la Ley General de Control del Tabaco para que el Ministerio de Salud reciba el veinte por ciento (20%) de esos recursos, de los cuales hasta el quince por ciento (15%) se destinaría a las funciones que le encomienda esta ley y un cinco por ciento (5%) se reservaría “exclusivamente para la financiación, implementación y ejecución de los objetivos y fines del programa para la creación de espacios cardioprotegidos.”

El Ministerio de Salud deberá conformar una unidad técnica especializada para dictar protocolos en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley; el Poder Ejecutivo tendrá seis meses, desde la publicación, para emitir el reglamento; y las personas físicas o jurídicas obligadas dispondrán de un plazo improrrogable de un año desde la publicación para completar registros, planes de emergencia, cronogramas de acciones correctivas y la disposición del DEA, tras lo cual el Ministerio podrá aplicar órdenes sanitarias y revocar permisos sanitarios de funcionamiento que incumplan.

El documento presenta como fundamento estadísticas y argumentos sobre la frecuencia y letalidad de las enfermedades cardíacas y la muerte súbita, y cita que la RCP y el uso oportuno del DEA pueden aumentar la posibilidad de supervivencia. El proponente registrado en el expediente es Rodrigo Arias Sánchez y el expediente del proyecto es el 24744, con trámites consignados en la Asamblea Legislativa. La propuesta permanece pendiente de aprobación definitiva por la Asamblea Legislativa.