Propuesta para prohibir la minería marina en aguas marinas estatales (Proyecto 24739)

El proyecto propone prohibir la minería, la extracción y la remoción de minerales del lecho marino en todas las aguas marinas estatales de Costa Rica; es decir, pretende impedir legalmente que se realicen actividades de minería en la zona marina administrada por el Estado. El texto es un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa con número de expediente 24739 y está pendiente de aprobación por parte del Congreso.

El proyecto afecta a cualquier actividad cuya finalidad sea extraer minerales del fondo marino dentro de las aguas marinas estatales: empresas, concesionarios, inversionistas o instalaciones que busquen realizar exploración, extracción o construcción de infraestructura asociada a la minería marina. En la práctica, si se aprueba, las autoridades no podrán otorgar permisos ni concesiones para esas actividades dentro del espacio marino estatal.

El cambio concreto que propone la norma es la prohibición legal y administrativa de autorizar la minería marina: el articulado impone que no se expedirá ningún permiso ni concesión para el desarrollo u operación de instalaciones o infraestructura vinculadas a la minería, extracción o remoción de minerales del lecho marino en las aguas marinas estatales. Además declara a Costa Rica como "territorio libre de minería marina" y fija que la ley rige a partir de su publicación, en caso de aprobarse.

El proyecto define materialmente qué se entiende por “minerales” y enumera los depósitos cubiertos por la prohibición, incluyendo metales y depósitos de placer y una lista explícita de materias que quedarían comprendidas, como oro, plata, cobre, plomo, hierro, manganeso, sílice, cromo, platino, tungsteno, zirconio, titanio, granate, fósforo, nódulos polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto. Esa definición delimita qué extracción quedaría prohibida.

El texto también afirma que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre los recursos minerales del territorio, incluyendo el subsuelo marino, y presenta ese principio como fundamento de la regulación propuesta. Por tanto, la norma plantea que la titularidad y la jurisdicción sobre esos recursos corresponden al Estado.

En cuanto al fundamento y a lo que motiva la prohibición, la exposición de motivos y considerandos del proyecto describen tipos de depósitos marinos que despiertan interés comercial —nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos y costras cobálticas— y señalan riesgos y efectos ambientales que se asocian a su explotación, por ejemplo la destrucción de organismos, pérdida de hábitat, creación de penachos de sedimentos, y contaminación acústica y lumínica que pueden afectar peces, mamíferos marinos y ecosistemas costeros.

Sobre el estado del trámite, el expediente 24739 fue presentado y registrado en la Asamblea Legislativa y, según el registro del proyecto, ha avanzado por comisiones y plenario (por ejemplo aparece actividad de comisión, dictamen y primer debate en fechas consignadas en el expediente). Mientras no se complete el proceso legislativo y se publique como ley, la propuesta sigue siendo un proyecto sometido a debate y aprobación.

Si la norma se aprueba y se publica, su efecto práctico será impedir legalmente la autorización y realización de actividades de minería en el lecho marino dentro de las aguas marinas estatales, con el alcance material establecido por la definición de minerales incluida en el texto y con vigencia desde su publicación. Donde el texto resulta claro en prohibiciones o definiciones se ha descrito arriba; donde la redacción es técnica o enumera materias, se reprodujo su alcance sin añadir interpretaciones sobre aplicación o excepciones que el proyecto no formule explícitamente.