Proyecto que amplía quiénes pueden recibir la pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda (expediente 24737)

El proyecto propone reformar los artículos 1 y 2 de la Ley 7125 (pensión vitalicia) para ampliar las personas que pueden recibir esa pensión y para cambiar el título de la ley; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio concreto incluye, además de la parálisis cerebral profunda, a personas con autismo, mielomeningocele u “otra enfermedad ocurrida en la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad”, y también a quienes presenten “síndromes con déficit cognitivo de grado variable” o “déficit atencional muy severo, que cause disfunción social y educativa no corregible”. Es decir, se amplía la lista de condiciones severas que, según el proyecto, podrían dar derecho a la pensión siempre que cumplan los requisitos que establece la norma.

La pensión que propone el texto será “una pensión vitalicia equivalente al menor salario mínimo legal mensual fijado por el Poder Ejecutivo” y se pagará de forma mensual con los fondos del Régimen no Contributivo que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El proyecto también señala que el monto se ajustará cuando se realice una nueva fijación de salarios mínimos y “tomando en cuenta la canasta básica de la discapacidad”.

Para acceder a la pensión el proyecto exige una evaluación médica obligatoria por parte de la Comisión Calificadora del estado de la invalidez de la CCSS. Esa comisión debe emitir un dictamen que tome en cuenta el diagnóstico médico, si la persona es funcional o no a nivel laboral y el “enfoque social de los derechos humanos” de la persona con discapacidad; ese dictamen es la condición médica que habilita el derecho a la pensión según el texto.

El proyecto regula quiénes pueden representar o gestionar la pensión para la persona con discapacidad: los representantes deben ser los padres o tutores legales si la persona es menor de edad, o las personas legalmente nombradas en un proceso de salvaguardia (por ejemplo, en un procedimiento judicial de protección) cuando la persona beneficiaria sea mayor de edad. Esto implica que la solicitud y el manejo de la pensión pueden quedar en manos de quien figure como representante legal.

El texto dispone expresamente que la pensión termina cuando la persona con discapacidad fallece, por lo que el beneficio no continúa a herederos ni a familiares una vez que fallece el beneficiario.

Además de ampliar la cobertura material, el proyecto modifica el título de la ley para que pase a llamarse: “Ley de Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda y otras Discapacidades Severas Equiparables”, formalizando en el enunciado la ampliación de beneficiarios.

El expediente es el número 24737; el trámite de presentación comenzó el 2024-12-03 y la publicación consta con fecha 2024-12-12. El documento que aquí se explica es una propuesta en trámite y sus efectos requieren que la Asamblea Legislativa la apruebe, la modifique o la archive.