Proyecto 24736: Proyecto que reforma artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8)

El proyecto propone reformar los artículos 12, 13, 31, 50, 60 y 199 de la Ley 8, Ley Orgánica del Poder Judicial, para cambiar reglas sobre ingreso y idoneidad del personal judicial, reintegro de personas separadas por faltas, la forma de resolver recusaciones e inhibiciones, la organización de las Salas (incluidas personas abogadas asistentes), las atribuciones del Presidente de la Corte y la tramitación de ciertas quejas. El proyecto está pendiente de aprobación.

La propuesta modifica los requisitos para ingresar al Poder Judicial (artículo 12). Establece que, además de otros requisitos legales, la persona debe acreditar probidad e idoneidad para el puesto y que se practicarán “estudios interdisciplinarios, cuyos resultados serán vinculantes”. Con esto el proyecto busca que la aptitud se compruebe objetivamente y que dichos estudios puedan repetirse durante la relación de servicio a petición de la persona interesada o por interés institucional.

El proyecto regula el reingreso de personas que fueron despedidas o destituidas (artículo 13). Señala que no podrán ser nombradas en el Poder Judicial las personas que hubieran sido destituidas del sector público por faltas comprobadas durante diez años contados desde el despido; en el caso de personas que administran justicia, la destitución implicará la remoción de los escalafones de elegibles en el sistema de carrera judicial. Para casos de despido por hostigamiento sexual, acoso laboral, conductas sexuales inapropiadas o condenas por delitos sexuales, la norma exige además sometimiento a valoraciones (por ejemplo médicas) destinadas a determinar la existencia de problemas permanentes de personalidad.

El proyecto cambia reglas sobre recusaciones e inhibiciones y cómo se integra el órgano que debe resolverlas (artículo 31 y pasajes relacionados). Cuando la impugnación comprenda a todos los integrantes de un órgano colegiado se llamará a los respectivos suplentes; para la Corte Suprema se llamará a una persona magistrada por cada una de sus Salas. El órgano así integrado será presidido por la persona suplente con nombramiento más antiguo o, en igualdad de tiempo, por la de título más antiguo en el Catálogo del Colegio de Abogados y Abogadas; esa persona suplente tendrá doble voto en caso de empate. Con ello el proyecto busca que las decisiones sobre recusaciones e inhibiciones puedan resolverse aun cuando no estén presentes titulares.

El proyecto dispone cambios sobre la organización interna de las Salas y las funciones de la Presidencia (artículos 50 y 60). Las Salas podrán contar con el número de personas abogadas asistentes que requieran para su funcionamiento; esos puestos serán de confianza, nombrados por el Presidente de la respectiva Sala a solicitud de la magistrada o magistrado proponente, y deberán cumplir los requisitos de idoneidad que exija el reglamento. También se redefine las atribuciones del Presidente de la Corte, manteniéndolo como representante del Poder Judicial y detallando poderes como tramitar asuntos de la Corte y del Consejo Superior, presidir sesiones, y proponer nombramientos de funcionarios de confianza.

El proyecto regula la designación y permanencia de magistrados suplentes (artículo 62) y limita la admisibilidad de ciertas quejas (artículo 199). Establece que la Corte contará con al menos cuarenta y cuatro magistradas y magistrados suplentes, con duración de cuatro años en el puesto y con paridad de género en las nóminas propuestas. El artículo 199 reformado dispone que será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas. Además, un transitorio único indica que los procesos disciplinarios que hubiesen sido trasladados a la Corte conforme al texto anterior del artículo 199 serán conocidos por la Corte hasta su conclusión.

El expediente es el número 24736; fue presentado el 2024-12-02 y publicado el 2024-12-13. En el trámite parlamentario consta que pasó por comisiones y plenario y que, según actas del expediente, hubo dictámenes y archivos del expediente en fechas posteriores (por ejemplo un archivo con “Dictamen Mayoría Negativo (Art.81 BIS)” en 2026). Eso significa que el estado procesal del proyecto ha incluido, según el registro, estudios por comisiones y decisiones internas del Plenario. Está pendiente de aprobación definitiva por la Asamblea Legislativa y sus efectos no entran en vigor mientras no se promulgue y publique como ley.

Texto del proyecto de ley inscrito como “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 12, 13, 31, 50, 60 Y 199 DE LA LEY 8, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL”, expediente 24736, y los artículos y transitorio que contiene el propio texto del proyecto, según el registro oficial del expediente.