Proyecto 24717: regula la exploración y explotación de minería metálica sostenible únicamente en el distrito de Cutris (San Carlos, Alajuela) y reforma el Código de Minería.

El proyecto propone autorizar y regular la exploración y la explotación de minería metálica —incluida la minería a cielo abierto en la versión inicial— pero delimitada de forma expresa al Distrito de Cutris del Cantón de San Carlos, Provincia de Alajuela, y al mismo tiempo introducir cambios en el Código de Minería. Esta norma es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El texto crea una excepción legal que limita permisos y concesiones para minería metálica a cielo abierto: en todo el territorio nacional no se otorgarán permisos ni concesiones para esa actividad salvo permisos de exploración con fines científicos y, como excepción regulada, permisos y concesiones de exploración y explotación únicamente en el Distrito de Cutris. En la práctica esto significa que la actividad que regula el proyecto solo podría desarrollarse dentro del perímetro territorial del Distrito de Cutris si la ley se aprueba.

El proyecto fija reglas procesales y de selección para quién puede obtener una concesión en Cutris. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) debe promover procedimientos de preselección para identificar a los potenciales concesionarios; luego el proceso de adjudicación se realizará por subasta pública minera cuyo objeto es otorgar la concesión de explotación. El reglamento que dicte el Poder Ejecutivo definirá plazos, requisitos y condiciones de las subastas y del proceso.

Respecto a la exploración, los permisos que se otorguen en el Distrito de Cutris incluyen condiciones de transparencia: la excepción a la confidencialidad permite que la información generada durante la fase de exploración pase a la Dirección de Geología y Minas para ser incorporada a los términos de referencia de la subasta. Además, el proyecto aclara que el otorgamiento y la ejecución de un permiso de exploración no garantizan por sí mismos el derecho a obtener la concesión de explotación; la concesión dependerá del cumplimiento de los requisitos verificados por la autoridad competente.

En materia ambiental y sanitaria, el proyecto prohíbe expresamente el uso de cualquier método de lixiviación abierto para recuperar oro u otros metales; solo se permitirán métodos de ciclo cerrado o tecnologías aprobadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. También establece la obligación de implementar medidas de recuperación ambiental de las zonas afectadas por minería ilegal y de exigir condiciones técnicas y de cierre en las concesiones.

Introduce el concepto de “royalty” como un pago anual que debe hacer el titular de la concesión. Para las concesiones que se realicen en las áreas del Distrito de Cutris se establece un porcentaje mínimo de royalty del 5% sobre el valor equivalente de las ventas brutas que se obtengan en la concesión; además, el pago será anual y se realizará dentro de los primeros treinta días naturales del año calendario. El proyecto dispone que parte de esos recursos tendrá destinos concretos: al menos el 20% se destinará a obras de infraestructura en el cantón de San Carlos y a la recuperación ambiental, y anualmente se transferirá a la Municipalidad de San Carlos un equivalente al 5% de lo recaudado para proyectos locales.

Incorpora disposiciones para que las concesiones solo puedan ampliarse hasta un máximo del cincuenta por ciento del área original autorizada cuando se solicite esa ampliación; exige que los participantes acrediten capacidad técnica y financiera y que cumplan, entre otros requisitos, certificaciones de gestión en seguridad y salud ocupacional, calidad y medio ambiente bajo estándares como OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001; y define que la información técnica de exploración será parte de los antecedentes para la adjudicación.

Si se aprueba, la ley permitirá la minería metálica regulada y limitada geográficamente al Distrito de Cutris, impondrá un procedimiento de preselección y subasta pública para concesiones, exigirá estándares técnicos, ambientales y de gestión, fijará un royalty mínimo y reglas para usar esos recursos, y prohibirá técnicas de lixiviación abiertas. Queda pendiente la aprobación legislativa y la posterior reglamentación por el Poder Ejecutivo para precisar plazos, requisitos y reglas operativas.