Proyecto 24715: Reforma y adición de nuevos artículos a la ley marco del contrato de factoreo, Ley No. 9691 del tres de junio de 2019 y sus reformas

El proyecto propone reformar y añadir varios artículos a la Ley Marco del Contrato de Factoreo (Ley No. 9691 de 3 de junio de 2019) para regular con más detalle cómo se transmiten derechos de crédito, crear un registro único de trazabilidad, establecer sanciones penales por fraudes vinculados al factoreo y reconocer expresamente la posibilidad de que una persona física o jurídica se niegue a que sus facturas sean descontadas. Está pendiente de aprobación.

El proyecto afecta principalmente a quienes generan derechos de crédito (quienes emiten facturas o transmiten derechos), a las entidades que los compran o descuentan (entidades financieras, agentes autorizados y factores) y a los pagadores (incluidos entes públicos). En la práctica, cambia reglas sobre cuándo y cómo se pueden transferir esos derechos, qué deberes tendrán los transmisores y qué mecanismos de control y sanción estarán disponibles.

El proyecto modifica las reglas de validez de la transmisión de derechos de crédito y cobro para establecer que los derechos presentes y futuros pueden transmitirse en cualquier momento sin que sea necesario el consentimiento del pagador, y que el pagador no podrá negarse a recibir la notificación. El texto añade condiciones de comprobación por parte del cliente o transmitente: deberá probar las cualidades legales, administrativas y reputacionales necesarias para participar en operaciones de factoreo y aportar la información típica de la cesión, incluyendo montos, fechas y plazos y un registro de cesiones previas si las hubiera. Hay una excepción explícita cuando el pagador es un ente público: la notificación no obliga al pago si el transmitente no está al día con obligaciones ante la seguridad social, conforme a lo regulado en la ley citada.

El proyecto crea (añade) un “mecanismo único de trazabilidad” en el que deben registrarse tanto los procedimientos de transmisión de derechos (presentes y futuros) como los actos jurídicos relacionados. Ese mecanismo deberá definir condiciones de uso, características y resguardo de los datos y será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo que fije el transitorio de la ley. El texto indica principios orientadores como neutralidad tecnológica, simplicidad de trámites y transparencia, y exige actualización y consulta en plazos razonables para efectos del registro.

Tipifica delitos como el ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y el fraude a través de operaciones o instrumentos derivados del factoreo, y remite la sanción “según corresponda”, en consonancia con los artículos citados del Código Penal mencionados en el texto.

El proyecto reconoce expresamente que las personas físicas y/o jurídicas pueden negarse a que sus facturas sean descontadas por entidades financieras o agentes autorizados; encarga al Poder Ejecutivo que incluya en la reglamentación el mecanismo para la publicidad de esa decisión. Además dispone que las actuaciones de descuento que desconozcan la voluntad de negarse tendrán efectos legales nulos y se considerarán como fraude.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de seis meses contados desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y la norma “rige a partir de su publicación”. Es decir, las reglas y plazos operativos que el proyecto fija solo empezarían a aplicarse si el proyecto avanza en el trámite legislativo y se convierte en ley y, posteriormente, se reglamenta en el plazo señalado.

El expediente identificado con el número 24715 fue presentado por el diputado Alejandro José Pacheco Castro; el expediente registra fechas del trámite y publicación inicial: inicio 2024-11-25 y publicación en Gaceta el 2024-12-10 (Gaceta No. 232). El documento oficial contiene el texto del articulado que he parafraseado y las etapas administrativas que siguen al aporte parlamentario hasta su eventual votación y promulgación.