Proyecto 24702: Proyecto propone declarar de interés público y crear una Estrategia Nacional para divulgar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña

El proyecto propone declarar de interés público y crear una Estrategia Nacional para la divulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Niña con el objetivo de promover y hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia. El texto establece quiénes deben actuar, qué acciones deben realizarse, plazos de regulación y mecanismos de seguimiento. El proyecto está pendiente de aprobación.

La iniciativa decide crear formalmente una estrategia interinstitucional cuyo objeto es informar a la ciudadanía sobre el contenido de la Convención, establecer acciones institucionales para su difusión, promover su enseñanza en todos los niveles educativos y fomentar su conocimiento en comunidades, centros educativos, familias y otros espacios sociales. Estas metas se describen como objetivos explícitos de la ley y orientan las medidas prácticas que las instituciones deben adoptar.

El Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación Pública, en el ámbito de sus competencias, deben aprobar e incorporar de manera sistemática y comprensiva los contenidos necesarios para la enseñanza de la Convención en los programas de estudio de todos los niveles del sistema educativo; otras instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, las municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, ONGs y el sector privado están autorizadas y convocadas a gestionar alianzas, convenios y actividades para difundir la Convención. En algunos casos el texto usa lenguaje obligatorio (por ejemplo “aprobarán e incorporarán”) y en otros autoriza o faculta la realización de actividades (por ejemplo, autorización para que instancias públicas celebren conmemoraciones).

El proyecto especifica que la estrategia deberá incluir, como mínimo, medios idóneos para dar a conocer el contenido de la Convención (principios, normas y alcance), mecanismos para difundir su contenido en comunidades y cantones, mecanismos para explicar los derechos protegidos por la Convención y estrategias para difundirla mediante recursos que faciliten su comprensión por parte de las personas menores de edad. En la práctica esto implica diseñar materiales, campañas y actividades adaptadas a niñas, niños y adolescentes y coordinar su ejecución entre las instituciones señaladas.

El proyecto autoriza a todas las instancias públicas a realizar conmemoraciones oficiales cada 20 de noviembre para informar y reflexionar sobre la Convención. Las instancias del Sistema Nacional de Protección Integral deberán presentar, cada dos años, un informe ante la Defensoría de los Habitantes sobre las acciones y medidas adoptadas para implementar la ley. Además, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses posteriores a su entrada en vigor. La ley, según el texto, rige a partir de su publicación.

Las acciones están dirigidas a la población en general y en forma específica a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en que conozcan y puedan hacer valer sus derechos. Afecta a instituciones públicas mencionadas (Consejo Superior de Educación, Ministerio de Educación Pública, instancias del Sistema Nacional de Protección Integral, municipalidades), a la Defensoría de los Habitantes como receptor de informes, y también convoca al sector privado y organizaciones civiles para ejecutar actividades o convenios de apoyo. En cuanto a vigencia del trámite, el expediente es el número 24702, fue iniciado el 20/11/2024, publicado el 10/12/2024 (Gaceta 232) y tiene vencimiento cuatrienal el 20/11/2028; el expediente registra además trámites posteriores de comisión y plenario según el registro oficial.

La exposición de motivos apunta problemas concretos que pretende atender —por ejemplo, estadísticas citadas en el texto que indican que, para 2023, la población costarricense menor de 18 años en pobreza alcanzaba 29.6% y que 13.7% de la niñez vive en condición de pobreza extrema— y la observación de que el conocimiento público sobre la Convención es limitado. Estas referencias se usan para justificar la necesidad de una estrategia nacional de divulgación; no implican que la estrategia ya haya resuelto esas situaciones.

El proyecto establece obligaciones institucionales (por ejemplo incorporar contenidos curriculares y presentar informes) y autoriza actividades (por ejemplo conmemoraciones y gestión de alianzas), pero no convierte esas autorizaciones en financiamiento específico ni detalla en el articulado partidas presupuestarias o sanciones por incumplimiento. El texto fija plazos administrativos (reglamentación en seis meses y reporte bianual) y dispone que la ley entra en vigor desde su publicación. Pendiente de aprobación, estas medidas solo se convertirán en obligación legal si el proyecto se convierte en ley y se reglamenta conforme al artículo correspondiente.