Proyecto 24701: obligar el giro íntegro a la CCSS de los recursos del impuesto al tabaco y de impuestos a dispositivos de nicotina

El proyecto propone que los recursos recaudados por el impuesto al tabaco y los impuestos a dispositivos electrónicos de administración de nicotina y similares que correspondan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se presupuesten y se giren en su totalidad a los fines que la ley ya señala, y que a esos recursos no se les apliquen determinadas normas de finanzas públicas que podrían retenerlos. El proyecto está pendiente de aprobación.

En la práctica, esto significa que cuando se recauden impuestos por tabaco o por los dispositivos electrónicos de nicotina, la parte destinada a la CCSS debe incluirse en el presupuesto de la institución y transferirse efectivamente para los destinos que la norma indica. El texto añade un párrafo al artículo 29 de la Ley N.° 9028 (control de tabaco) y un párrafo al artículo 12 de la Ley N.° 10066 (dispositivos electrónicos de nicotina) para dejar explícito ese mandato: los recursos que correspondan a la CCSS deben presupuestarse y girarse en su totalidad a los destinos previstos en cada artículo.

El proyecto también establece una limitación concreta sobre la aplicación de reglas de finanzas públicas: a los recursos dirigidos a la CCSS no les serán aplicables los artículos 15, 23 y 25 de la Ley N.° 9635 (la norma citada sobre fortalecimiento de las finanzas públicas). En otras palabras, el proyecto busca impedir que mecanismos previstos en esa ley se usen para retener, reasignar o condicionar el giro total de esos fondos. El texto dispone además que la norma rige a partir de su publicación.

Según la documentación incluida, al 31 de diciembre de 2023 la deuda por concepto de esos giros asciende a ¢46,231,122,844.15. El proyecto cita auditorías y tablas que muestran que, para los años 2022 y 2023, las transferencias recibidas fueron mucho menores que lo que correspondería aplicar como 55% destinado a la CCSS; por ejemplo, se señala que las transferencias por 2022-2023 sumaron ¢6,554 millones cuando lo debido era trasladar ¢27,316 millones, dejando un saldo pendiente importante.

La CCSS es la beneficiaria directa de los recursos que se reclaman sean girados íntegramente; los entes del Ejecutivo que recaudan o transfieren (Ministerio de Hacienda y, en la práctica de las transferencias de salud, el Ministerio de Salud) son quienes recibirían la obligación práctica de presupuestar y girar esas partidas. El cambio que propone el proyecto no crea nuevos destinos para el dinero: reitera que los recursos deben usarse en los fines que la ley ya establece (por ejemplo, los vinculados al diagnóstico, tratamiento y prevención relacionados con el tabaquismo y al fortalecimiento de la atención oncológica), pero añade el mandato de que no se apliquen ciertas normas de finanzas para retenerlos.

“Rige a partir de su publicación”.