Proyecto 24696: Régimen especial para la Oficina Regional de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)

El proyecto propone otorgar un régimen especial en la República de Costa Rica a la Oficina Regional de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), creando una serie de facilidades migratorias, fiscales y aduaneras para esa sede regional; el texto es un proyecto de ley y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa. El expediente identificado con el número 24696 fue iniciado el 2024-11-14 y publicado el 2024-11-28 (Gaceta 224); su vigencia cuatrienal aparece registrada hasta el 2028-11-14.

La propuesta describe a la AFI como una entidad no comercial sin fines de lucro, constituida con personería internacional bajo la ley de Malasia y con presencia regional; además el proyecto registra la Oficina Regional de AFI para Latinoamérica y el Caribe establecida en San José, Costa Rica, con la cédula jurídica y asiento que se consignan en el articulado. El proyecto incluye definiciones que identifican a la AFI, a la Oficina Regional y a la categoría de “expertos extranjeros”.

El régimen especial que propone el proyecto consiste en una serie de facilidades migratorias, fiscales y de contratación de expertos extranjeros otorgadas a la Oficina Regional de AFI para Latinoamérica y el Caribe establecida en San José, Costa Rica. Estas facilidades se describen en varios artículos del proyecto y se presentan como medidas para facilitar el desempeño de la Oficina y de sus representantes en el país.

En materia migratoria y aduanera, el proyecto regula la regularización de la situación migratoria de miembros de la Junta Directiva, consultores y otras personas vinculadas a las labores oficiales de la Oficina Regional (artículo que encabeza “Facilidades migratorias”), y dispone exenciones fiscales y aduaneras para bienes y materiales necesarios para la operación de la oficina. El texto consigna, entre otras medidas, la libre importación y exportación con exención de impuestos de materiales para ejecución de programas, equipos de oficina y hasta un máximo de tres vehículos.

Respecto a vehículos y bienes importados, el proyecto establece condiciones para su uso y transferencia: los vehículos deben estar rotulados como pertenecientes a la Oficina Regional de AFI, la exención de impuestos de importación se otorgará con intervalos de cuatro años y si se realiza un traspaso antes de cuatro años —salvo donaciones al Estado— se pagarán los impuestos de nacionalización correspondientes. El proyecto regula también la posibilidad de que estos bienes sean vendidos o donados en casos y plazos concretos.

El proyecto concede beneficios específicos a los expertos extranjeros contratados por la Oficina Regional: quienes cuenten con permiso de residencia emitido por autoridades migratorias podrán importar libres de impuestos un vehículo motorizado, equipos y enseres para su hogar; el texto impone límites al comercio de esos bienes dentro del país (por ejemplo, el vehículo no podrá ser vendido en el país y su renovación o traslado está sujeto a periodos mínimos de residencia o traslado). Estas condiciones funcionan como requisitos y límites para mantener las exenciones.

El proyecto indica que los beneficios otorgados están sujetos al debido cumplimiento por parte de la Oficina Regional dentro del marco legal aplicable en Costa Rica y que el Gobierno de la República podrá suspender o cancelar definitivamente los beneficios mediante los procedimientos administrativos que garanticen el debido proceso si se demuestra que la Oficina no ha respetado el marco de legalidad del país.

Para la ejecución práctica del régimen, el proyecto autoriza a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) a suscribir un convenio con la AFI para albergar en sus instalaciones a la Oficina Regional en Costa Rica y definir los costos que cubrirá cada parte. El proyecto establece además que la norma rige a partir de su publicación, de modo que su entrada en vigor dependería de la publicación formal posterior a su eventual aprobación.

Este texto es un proyecto de ley pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa; las descripciones anteriores se basan en las disposiciones y definiciones que el propio proyecto contiene y no constituyen cambios aún vigentes hasta su eventual aprobación y publicación definitiva.