Proyecto que autoriza asambleas virtuales, voto electrónico y normas para su funcionamiento en el Colegio de Abogados y Abogadas (Exp. 24694)

El proyecto propone permitir que las asambleas y procesos electorales del Colegio de Abogados y Abogadas se celebren de forma virtual, híbrida y mediante voto electrónico, y establece reglas sobre cómo deben realizarse esas sesiones. Está presentado como proyecto de ley y su aprobación está pendiente.

Permite que tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias “puedan celebrarse de manera virtual” usando sistemas telemáticos que garanticen comunicación simultánea de video, audio y datos, la oralidad de la deliberación, la identidad de los asistentes, la autenticidad y la integridad de la voluntad colegiada, y la conservación y grabación de lo actuado. En la práctica esto significa que se admite el uso de plataformas tecnológicas para que las personas agremiadas participen y se registre lo que sucede durante la reunión.

Las reuniones pueden combinar asistencia presencial y participación remota al mismo tiempo, de modo que quienes estén en un lugar físico y quienes se conecten por internet participen simultáneamente. Además, las personas agremiadas tendrán “derecho a voz y voto” en las asambleas ordinarias y extraordinarias siempre que se verifiquen los requisitos que establezca la asamblea o el reglamento.

Sobre cómo se deben convocar y comprobar la validez de las asambleas, el texto exige medidas concretas: publicar la convocatoria en La Gaceta durante dos días consecutivos y que medien cinco días hábiles entre la primera publicación y la fecha de la asamblea; y fijar un quórum que en el proyecto se señala en trescientos miembros, con la alternativa de que si media hora después no se alcanza ese número la reunión pueda celebrarse válidamente si concurren al menos sesenta abogados. Es decir, el proyecto mantiene obligación de aviso público y reglas mínimas para que la reunión sea válida.

En lo relativo a votaciones y procesos electorales, el proyecto permite la implementación del voto electrónico para elegir la Junta Directiva y regula que el proceso pueda ser mixto (combinando voto presencial y virtual) cuando se establezca así. El Tribunal Electoral del Colegio debe garantizar transparencia: comunicar la información de las papeletas y transmitir los debates entre candidaturas para que estén disponibles a todas las personas agremiadas, con el fin de que la elección sea informada y accesible.

Identificación y verificación de quienes participan, neutralidad y fiabilidad de la plataforma, integridad de las comunicaciones, accesibilidad para personas con discapacidad y población en situación de vulnerabilidad, y grabación en audio y video. Además, el acta debe dejar constancia de que se cumplieron los requisitos técnicos y de verificación indicados para la celebración virtual.

El proyecto explica y enumera ventajas que se esperan de la virtualidad (por ejemplo inclusión geográfica, ahorro de costos y tiempo, menor desplazamiento y mejoras ambientales y de seguridad ciudadana), pero las menciona como motivos y expectativas del proponente, no como efectos ya logrados. En la práctica, esas son razones que el proponente utiliza para justificar el cambio, aunque su materialización dependera de la implementación y utilización de las plataformas.

Respecto a la organización interna y mandatos, el proyecto incorpora normas sobre los cargos y órganos: por ejemplo propone la adición de un inciso para regular la elección de los miembros del Tribunal Electoral, indicando que durarán en sus funciones dos años y no podrán ser reelegidos para períodos sucesivos, y que debe respetarse la composición por paridad de género. Estas disposiciones afectan quiénes pueden ser electos, por cuánto tiempo y cómo se sustituyen en caso de renuncia u otra causal.

Cuando por fuerza mayor sea imposible usar medios electrónicos, las sesiones deberán realizarse de forma presencial; y en todos los casos las reglas sobre verificación, grabación y publicidad deben respetarse. El texto establece además que la norma “rige a partir de su publicación”, lo que significa que su entrada en vigor sería inmediata una vez publicada, si llegase a aprobarse y promulgarse.

El proponente identificado en el expediente es Gilberth Jiménez Siles y el número de expediente es 24694. Según el propio registro del trámite, el documento fue presentado y sometido a comisiones y dictámenes durante su tramitación. Está pendiente de aprobación como ley; su texto actual es la propuesta que señala las condiciones, derechos y obligaciones descritas más arriba, y no constituye una norma vigente hasta que no se apruebe en los trámites legislativos y se publique conforme corresponda.