Proyecto 24691: Reforma a los artículos 1, 2 y 6 de la Ley para financiamiento y desarrollo de la educación técnica profesional

El proyecto propone reformar los artículos 1, 2 y 6 de la Ley N.º 7372 para cambiar cómo se obtienen y usan recursos destinados a la educación técnica profesional en Costa Rica. La propuesta establece que, si no existe superávit acumulado en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se tomará “ese diez por ciento (10%)” de sus ingresos anuales para financiar el III Ciclo y la Educación Diversificada de la Educación Técnica Profesional, además de los ciclos III y IV de la Educación Especial y a las instituciones que impartan especialidades técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP). El texto es una iniciativa pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa y produciría efectos solo si se convierte en ley.

Colegios técnicos profesionales (CTP), institutos profesionales de educación comunitaria (IPEC) y centros integrados de educación de adultos (CINDEA) que impartan especialidades técnicas aprobadas por el MEP. La distribución de los recursos se realizaría de forma proporcional a la cantidad de estudiantes y los montos serían depositados en las cuentas de las Juntas de Educación y Administrativas de cada institución; esas cuentas deben ser sometidas a la aprobación de la Oficina Regional o Subregional correspondiente.

Compra de materiales didácticos, herramientas, equipo y maquinaria; mantenimiento y reparación de infraestructura, equipo y sistemas (eléctricos, mecánicos u otros) donde se impartan especialidades; financiación y desarrollo de proyectos productivos y experiencias educativas institucionales o regionales; adquisición de vehículos para Unidades Didáctico-Productivas y transporte; y compra de materia prima, semovientes e insumos para las prácticas de los estudiantes.

La propuesta asigna al Ministerio de Educación Pública la responsabilidad de realizar auditorías que estime necesarias sobre el uso de estos recursos y de remitir sus resultados a la Contraloría General de la República. El texto también plantea la intención de eliminar o reducir trámites burocráticos que impiden a las juntas administrativas ejecutar los dineros con rapidez, de modo que cada centro pueda determinar y atender sus necesidades de inversión para fortalecer la oferta técnica.

Como respaldo a la propuesta, el documento muestra cifras del superávit libre y acumulado del INA en tres años: 2021, 2022 y 2023 (98,402,871,466.44; 128,638,966,580.80; 170,655,548,897.15, respectivamente) y usa esos montos para argumentar la disponibilidad de recursos que podrían orientarse a la educación técnica. El proyecto también indica expresamente que, de no existir superávit, se tomará el porcentaje indicado de los ingresos anuales del INA.

Si se aprueba tal como está redactada, la reforma “rige a partir de su publicación”, es decir, empezaría a aplicarse desde la fecha de publicación oficial de la ley. Hasta que la Asamblea Legislativa no la apruebe y se publique, se trata de una iniciativa en trámite y no crea ni obliga a ejecutar las medidas descritas.