Proyecto 24668: Proyecto propone limitar y regular compras de pasajes y viáticos en viajes al exterior de funcionarios públicos

El proyecto propone modificar el artículo 3 de la Ley reguladora de gastos de viaje y transporte de funcionarios del Estado para evitar y controlar gastos excesivos en viajes de funcionarios públicos al exterior; la iniciativa está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El cambio establece que, cuando se deba usar transporte aéreo, se dará preferencia sin excepción a la línea aérea que ofrezca el menor precio del pasaje o el mayor descuento en el precio; si existen rutas alternativas para llegar a un país, se deberá escoger la opción que resulte más económica tomando en cuenta todos los factores que incidan en el costo de la gira y no solo el precio del boleto.

El proyecto dispone que la Administración será la encargada de comprar los pasajes o tiquetes aéreos y que los beneficios derivados de esas compras —incluidos los servicios de alimentación, hospedaje y similares (viáticos)— deberán ser cedidos para el disfrute exclusivo del funcionario público y no para terceras personas.

Se prohíbe que cualquier ente público cubra el valor de pasajes aéreos en primera clase o clase ejecutiva, con una excepción expresa para el Presidente de la República durante viajes oficiales; esa excepción no se extenderá a miembros de la comitiva presidencial salvo que sean seleccionados por la presidencia. El resto de los funcionarios públicos, jerarcas y miembros de los Supremos Poderes deberán acatar la norma sin excepción.

Solo en casos excepcionales, debidamente justificados y autorizados por la Contraloría General de la República, la Administración podrá comprar pasajes que no se ajusten a la norma propuesta. La Contraloría también queda encargada de sancionar y cobrar los montos que la Administración haya sobrepasado según lo dispuesto en el artículo.

En lo transitorio, el proyecto ordena que, en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, la Contraloría General de la República realice las modificaciones pertinentes a los reglamentos vigentes para incorporar la nueva normativa. La ley, si se aprueba en estos términos, regiría a partir de su publicación.

Quienes resultan afectados en la práctica son las administraciones públicas (que deben comprar y elegir las opciones más económicas), los funcionarios que viajan (que reciben de forma exclusiva los beneficios derivados de la compra) y, en casos excepcionales, la Contraloría (que autoriza excepciones y aplica sanciones). El texto traslada a rango de ley parámetros que hoy están en reglamentos, con el objetivo declarado de regular más estrictamente los gastos permitidos; sin embargo, se recuerda que esto es un proyecto y debe aprobarse para convertirse en norma obligatoria.