Proyecto 24658: Reforma para desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delincuencia organizada

El proyecto propone modificar el artículo 18 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754 del 22 de julio de 2009) para desjudicializar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delincuencia organizada; está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La norma propuesta establece que, en toda investigación por delincuencia organizada, procederá el levantamiento del secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculadas a la investigación. Esto significa que la investigación podrá acceder a la información bancaria de las personas señaladas en la causa cuando exista esa investigación por delincuencia organizada.

Deberán cumplir, en un plazo no mayor de diez días hábiles, con los requerimientos individualizados de información que haga el Ministerio Público. Esos requerimientos deberán limitarse “a la estrictamente conveniente y necesaria para fines investigativos” y serán formulados por la Fiscalía General mediante una resolución motivada. Además, la ejecución de estas facultades no requerirá autorización judicial según lo dispuesto en el texto.

Si las condiciones impuestas no se cumplen, la persona afectada tendrá derecho a recurrir la medida ante el juzgado correspondiente; sin embargo, el documento establece expresamente que “bajo ninguna circunstancia suspenderá el acceso a la información”. Es decir, la posibilidad de impugnar existe, pero no detiene la entrega de los datos al Ministerio Público mientras se tramita ese recurso.

Cuando la investigación la realiza la Unidad de Análisis Financiero del ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas), la Unidad debe notificar al Ministerio Público sobre el proceso en curso para que, “en el plazo perentorio de cinco días naturales”, valore solicitar a las entidades financieras la entrega de los requerimientos individualizados de información de sus clientes. Esa disposición crea un plazo más corto y un mecanismo de coordinación entre la Unidad del ICD y el Ministerio Público.

La iniciativa también exige a las entidades financieras resguardar toda la información, documentos, valores y dineros que puedan servir como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, las entidades deberán proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades sobre las acciones realizadas.

La reforma, en su texto, rige “a partir de su publicación”. El proyecto figura en el expediente número 24658 y fue presentado por varias diputadas y diputados; su avance formal y plazos de trámite aparecen registrados en el expediente, pero la medida solo entraría en vigor si se aprueba conforme al proceso legislativo vigente.