Proyecto para asegurar por tiempo efectivo a trabajadores del sector agropecuario, acuícola y pesquero (exp. 24619)

El proyecto propone promover el aseguramiento por tiempo efectivo de los productores, empleados y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, llevándolos al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con el objetivo declarado de aumentar la justicia contributiva, la formalización y la protección de ese personal. Está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto se aplica exclusivamente a “productores, empleados y trabajadores por cuenta propia del sector agropecuario, acuícola y pesquero, bien sean nacionales o migrantes.” Esto significa que las obligaciones y opciones que describe están pensadas para quienes realizan actividades del sector señaladas en el texto (agropecuarias, acuícolas y pesqueras) y no para sectores distintos.

En la práctica, la forma de cotizar que propone el texto se basa en el ingreso real que obtenga cada persona y en el “tiempo real efectivo” dedicado al trabajo: las contribuciones al Seguro de Salud y al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se calculan sobre ese ingreso real en función del tiempo efectivamente trabajado, y el proyecto indica expresamente que no se sujetarán a ingresos de referencia ni a bases mínimas de contribución. Esto quiere decir que, según el proyecto, la contribución se ajustaría al trabajo efectivo realizado y no necesariamente a una base mínima estándar.

Respecto de las tasas concretas, el proyecto remite a los porcentajes que establezca la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Para los empleados en relación de dependencia se aplicarán “los porcentajes de contribución para asalariados, establecida por la CCSS”. Para productores y trabajadores por cuenta propia se aplicarán “los porcentajes de contribución para asegurados voluntarios y trabajadores independientes, según el nivel de ingreso, establecida por la CCSS”. Además, el texto prevé un trato diferenciado cuando el ingreso del productor no supere ciertos niveles: en ese caso podrá aplicarse una reducción del 50% en el porcentaje de contribución.

El texto contiene reglas específicas para pequeños y medianos productores inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Si sus ingresos son inferiores a la base mínima contributiva que tiene establecida la CCSS, esos productores “no serán considerados asegurados obligatorios” y, por tanto, podrán optar por seguros voluntarios utilizando su ingreso real. Es decir, el proyecto permite que ciertos pequeños y medianos productores no queden obligados al aseguramiento obligatorio y puedan elegir cotizar de forma voluntaria con base en su ingreso real.

En su caso indica que, por su condición migratoria temporal, “únicamente se cotizará para el Seguro de Salud”. Esa disposición limita las cotizaciones exigibles según la condición migratoria temporal señalada en el texto.

Para determinar el ingreso real cuando no haya declaraciones previas (por ejemplo, de impuesto sobre las utilidades), el proyecto acepta el uso de otros medios probatorios, incluyendo “una declaración jurada”, y establece que la CCSS tendrá facultades de fiscalización para verificar la veracidad de la información presentada. En la práctica esto significa que se podrán presentar documentos alternativos para fijar la base contributiva, sujetos a la comprobación por la institución.

“Rige a partir de su publicación.” En términos institucionales, el expediente es el 24619, fue presentado por el diputado Danny Vargas Serrano el 2024-10-08 y desde esa fecha se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa, con asignaciones y actividades en comisión previstas en el expediente; su contenido solo se convertirá en obligación legal si la Asamblea aprueba la iniciativa y se publica según la norma.

Quedan aspectos operativos y de implementación que el proyecto encarga a la CCSS (por ejemplo, la determinación de porcentajes según categorías y niveles de ingreso) y que dependerán de reglamentos o decisiones administrativas para su aplicación concreta. Donde el texto usa expresiones como “podrá” o remite a la actuación de la CCSS, se trata de facultades o delegaciones que permitirán fijar procedimientos y comprobantes, pero no constituyen por sí mismas obligaciones hasta que los órganos competentes definan esos detalles y la ley sea aprobada y publicada.