Proyecto que obliga trabajo, estudio o ambos como parte de la pena de prisión (Exp. 24612)

El proyecto propone obligar a las personas condenadas a pena de prisión a realizar, como acompañamiento obligatorio de la condena, trabajo, estudio o una combinación de ambos. Esta exigencia figura dentro de la reforma propuesta al Código Penal y a la ley que crea la Dirección General de Adaptación Social; el proyecto está pendiente de aprobación.

La propuesta establece tres opciones que la persona condenada deberá realizar obligatoriamente mientras cumple la pena en el centro penal: trabajo (bajo control público), estudio (con una institución reconocida y demostrando avance académico) o trabajo y estudio combinados. El texto dice expresamente: "El trabajo, estudio o ambos que acompañan obligatoriamente la pena de prisión...". Para el trabajo se fija un límite: "dicho trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y podrá ser realizado solo en jornada diurna tanto dentro como fuera del recinto penitenciario".

La persona "tendrá derecho a recibir una contraprestación por su labor que se pagará por hora laborada" según lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El proyecto detalla cómo se distribuirá esa contraprestación: un 25% para obligaciones alimentarias en que el privado de libertad aparezca como obligado; un 25% para obligaciones pecuniarias en vía civil o acciones resarcitorias; un 25% al Estado para satisfacer el gasto que genera la estancia en prisión; y un 25% a un fondo personal individualizado para gastos personales.

El proyecto incluye exclusiones y limitaciones. Enumera delitos para los cuales el trabajo solo podrá realizarse dentro del recinto penitenciario (por ejemplo, homicidio simple o calificado, tortura, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, delitos regulados por la Ley N°7786 sobre estupefacientes, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otros señalados en la exposición). También contempla exenciones por motivos de edad, embarazo o salud: "El privado de libertad de 65 años o más, la que se encuentre en estado de embarazo, aquel que sufra de enfermedad grave o esté imposibilitado psicológica o físicamente, estará exceptuado de trabajar, estudiar o ambas..."; aunque agrega que, si un profesional competente lo autoriza, esas personas podrían realizar alguna de las opciones y que quien, sin estar en las excepciones, se niegue a realizar lo estipulado no podrá acceder a beneficios y deberá cumplir la pena completa.

La Dirección General de Adaptación Social queda expresamente encargada de gestionar y ejecutar lo relativo a la incorporación obligatoria de trabajo y estudio: el proyecto indica que esa dirección debe "gestionar eficaz y eficientemente lo relativo al trabajo, estudio o ambos que de manera obligatoria acompañen la condena a prisión" y que está facultada para celebrar convenios con sujetos públicos o privados para cumplir esta función. En la práctica, la administración penitenciaria, mediante convenios y programas, será la responsable de asignar ocupaciones, controlar asistencia y validar el avance académico.

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia, para reglamentar lo necesario; además establece que los delitos o procesos iniciados antes de la entrada en vigor se regirán por la normativa previa (no se aplica retroactivamente). La iniciativa "rige a partir de su publicación".

Los puntos concretos que el proyecto deja definidos y que, en la práctica, se traducirían en decisiones operativas son: la obligación de elegir y cumplir una de las opciones (trabajo, estudio o ambos); el control público del trabajo; la jornada máxima de ocho horas diarias en horario diurno; la remuneración por hora y su distribución en cuatro partes; la posibilidad de convenios para ejecutar las actividades; las exclusiones por tipo de delito y por condición personal (edad, embarazo, enfermedad grave o incapacidad); la pérdida de beneficios para quien, no estando exceptuado, se niegue a cumplir; la regulación por parte del Ejecutivo en seis meses; y la no retroactividad para procesos anteriores. Todo lo anterior corresponde a lo que contiene el articulado y los transitorios del proyecto y está sujeto a que la Asamblea Legislativa lo apruebe.