Proyecto 24605: Ley para la inclusión tecnológica y digital de las personas adultas mayores

El proyecto propone crear un marco legal para promover la inclusión tecnológica y digital de las personas adultas mayores, reducir la brecha tecnológica y facilitar su acceso a servicios y oportunidades en línea. El texto plantea medidas concretas sobre capacitación, acceso a dispositivos e Internet, adaptación de servicios públicos digitales, telemedicina inclusiva y protección contra fraudes digitales. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto se dirige a las personas adultas mayores, entendidas en la exposición como el grupo poblacional con mayores barreras de acceso a la tecnología. Como contexto, la exposición menciona datos oficiales sobre la situación digital y social de ese grupo: “Según datos del INEC, en 2021, solo el 57.9% de las personas mayores de 65 años en Costa Rica utilizaron Internet”; además indica que en 2021 “el 16.6% de las personas adultas mayores vivían solas” y que “el 27.6% de esta población vivía en condición de pobreza.” Esos números se usan para justificar las medidas propuestas, pero no constituyen obligaciones por sí mismos.

Para aplicar las medidas, el proyecto crea un Programa Nacional de Alfabetización Digital para Personas Adultas Mayores a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM). En la práctica esto significa que esas instituciones deben organizar y ofrecer las actividades previstas y coordinar su ejecución. El texto indica objetivos del programa como brindar capacitación gratuita en el uso de tecnologías básicas, desarrollar cursos presenciales y en línea adaptados al ritmo y capacidades de las personas adultas mayores, crear centros de capacitación en áreas urbanas y rurales y otorgar una certificación en competencias digitales.

El proyecto exige medidas para facilitar el acceso práctico a la tecnología y a servicios digitales del Estado. En concreto plantea que las plataformas estatales se adapten con interfaces simplificadas, opciones de audio y video, y asistencia telefónica específica para personas adultas mayores; y que el Estado, junto con gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, establezca centros de inclusión digital comunitarios en todo el país. En la práctica esos centros deben proporcionar acceso gratuito a Internet y equipos, talleres regulares de alfabetización digital y personal especializado para asistencia tecnológica, especialmente en zonas rurales o con vulnerabilidad socioeconómica.

El proyecto prevé la participación de personas jóvenes voluntarias y estudiantes como mentores digitales que acompañen a las personas adultas mayores. Esa participación se regula mediante convenios y puede incluir incentivos como horas de trabajo comunal universitario, práctica profesional o certificados de participación, según lo que acuerden las instituciones educativas. En el área de salud, el proyecto obliga o encarga al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a desarrollar programas de telemedicina orientados a adultos mayores, “asegurando que las plataformas sean accesibles, seguras y fáciles de usar”, de modo que la telemedicina sea una opción real para este grupo.

Para prevenir riesgos digitales propone una campaña nacional de concientización sobre seguridad digital que el MICITT, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), deberá crear. La campaña, según el articulado, se enfocará en proporcionar guías para evitar fraudes en línea, promover el uso de contraseñas seguras y establecer una línea de ayuda para reportar posibles fraudes o ciberataques.

El proyecto describe fuentes de financiamiento y mecanismos de supervisión. Entre las fuentes previstas aparecen fondos del presupuesto nacional, donaciones y aportes de organismos internacionales y del sector privado, y convenios con empresas de telecomunicaciones para suministro de equipos y servicios a bajo costo; además se menciona la posibilidad de usar recursos previstos en normativa previa sobre impuestos a cigarrillos y licores destinados a protección social. La supervisión de la implementación se asigna al CONAPAM en coordinación con el MICITT y otras entidades, y el CONAPAM debe enviar informes anuales a la Asamblea Legislativa sobre avances e impacto. El texto incluye plazos transitorios: el MICITT, el MEP y el CONAPAM cuentan con 6 meses para cumplir lo dispuesto en el artículo 3; las instituciones del Estado disponen de 12 meses para cumplir los artículos 5 y 6; y la CCSS tendrá 12 meses para aplicar lo dispuesto en el artículo 8.

El expediente es el número 24605; el proyecto fue ingresado el 2024-10-01 y publicado el 2024-10-21. El documento contiene un cronograma de trámites en comisiones y en el Plenario que registra debates, traslados y dictámenes en distintas fechas; hasta la fecha de la documentación, las medidas siguen en el proceso legislativo y no están vigentes hasta que la Asamblea apruebe la ley.

El proyecto está pendiente de aprobación y, tal como lo redacta, fija obligaciones y plazos para instituciones públicas, define medidas concretas de acceso, capacitación y protección, y prevé fuentes de financiamiento. Los efectos prácticos dependen de su aprobación y de las decisiones de las autoridades responsables sobre cómo ejecutar los programas, convenios y montos que el texto menciona.