Proyecto de ley 24587: obligación progresiva de usar la metodología BIM en obra pública

El proyecto propone establecer por ley el uso obligatorio, de forma progresiva, de la metodología BIM (Building Information Modeling) para la planeación, diseño, ejecución, operación y mantenimiento de obras públicas e infraestructura estatal. La norma obliga a las entidades públicas a incorporar modelos de información digital y a organizar la gestión de datos de los activos públicos, con el fin declarado de mejorar la eficiencia, la transparencia, la fiscalización y la trazabilidad de los proyectos.

Los contratos de servicios, de obra pública, concesiones y demás modalidades señaladas en el articulado deberán ajustarse a la obligación según el nivel de implementación previsto. El texto crea un modelo de implementación por niveles (Previo, Inicial, Medio, Avanzado e Integrado) y establece periodos transitorios para que las instituciones y los proyectos avancen gradualmente en esos niveles.

Como instrumentos de coordinación y gobernanza, el proyecto crea una Comisión Interinstitucional Intersectorial BIM (CII BIM) y asigna una rectoría política compartida entre varios ministerios (entre ellos MIDEPLAN, MOPT y MICITT). La comisión estará integrada por jerarcas de ministerios, representantes de instituciones públicas clave (por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE y el AyA) y representantes del sector privado y académico; tendrá funciones de definición de políticas, aprobación de estándares técnicos y supervisión de la implementación.

El proyecto exige que cada proyecto público que use BIM disponga de un Entorno Común de Datos (CDE) para asegurar interoperabilidad, manejo de versiones y estados de la información (Trabajo en progreso, Compartido, Publicado, Archivado). También regula la transparencia de la información: cuando una obra pública cuente con un modelo federado, las instituciones deberán publicarlo y habilitar acceso público para seguimiento, según lo que señala el articulado.

En materia de financiamiento, el proyecto indica que las entidades responsables deberán emplear presupuesto institucional para la implementación de la metodología BIM; además autoriza a la Administración Pública a recibir donaciones y contribuciones para apoyar dicha implementación. El texto prevé acciones de formación académica y capacitación profesional, becas y apoyo por parte de instituciones educativas y fondos públicos para preparar personal capacitado en BIM.

Incorpora la obligación de usar BIM en el contenido de carteles de licitación del sector público y prevé que, según el nivel de implementación, determinados tipos de contratos (anteproyectos, modelos, planos, especificaciones técnicas y obra pública) deberán presentarse con modelos BIM federados. También establece que la regla de implementación y los umbrales para procedimientos de licitación podrán venir determinados por el reglamento de la ley.

Por ejemplo, el “Nivel Previo” inicia desde la vigencia de la ley y se ejecuta durante el primer año, mientras que el “Nivel Inicial” comienza en el segundo año y finaliza en el cuarto, y otros niveles avanzan en años posteriores. El articulado incluye transitorios que fijan cuándo comienza cada nivel y que las instituciones deben realizar diagnósticos y planes pilotos antes de avanzar de nivel.

El proyecto fija principios generales aplicables a la implementación (eficacia y eficiencia en el uso de recursos públicos, transparencia, integridad, transformación digital y sostenibilidad, entre otros) y describe definiciones técnicas y de gestión (por ejemplo “activo”, “modelo de información”, “modelo federado”, “Plan de Ejecución BIM”, y los estados del CDE) para aclarar el alcance de las obligaciones técnicas y de documentación.

La entrada en vigencia, el régimen de reglamentación y las funciones de la rectoría política, así como el mecanismo para que la CII BIM proponga estándares técnicos BIM a la Autoridad de Contratación Pública, están formulados en artículos que establecen plazos y responsabilidades administrativas que deberán cumplirse si el proyecto se aprueba. El proyecto está pendiente de aprobación y su contenido producirá efectos solo si la Asamblea Legislativa lo convierte en ley.