Confidencialidad del registro de vehículos de cuerpos de policía de investigación (Proyecto de ley 24586)

El proyecto propone limitar el acceso público en el Registro Nacional a la información de los vehículos de uso policial asignados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a la Policía de Control de Drogas, a la Policía Profesional de Migración y a cualquier otro cuerpo de policía de investigación que se instaure en el país, mediante la creación de un sistema de registro vehicular especial con acceso restringido que proteja la confidencialidad de esas investigaciones. El proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto fue presentado en la Asamblea Legislativa por el diputado Gilberth Jiménez Siles como proyecto de ley identificado con el expediente 24586, con fecha de inicio 2024-09-24; en el texto se indica que la iniciativa debe discutirse y aprobarse antes de convertirse en ley. Estas referencias procesales muestran que, por ahora, se trata de una propuesta y no de una norma vigente.

El texto propone cambios concretos en varias leyes vigentes para crear la excepción y los mecanismos de protección. En la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley N.º 9078) se adiciona un inciso que ordena registrar esos vehículos en “una categoría especial en el Registro Nacional de Vehículos, cuya información será confidencial y solo podrá ser consultada por autoridades competentes debidamente autorizadas”, y exige que el Registro Nacional evite que esos vehículos sean identificables mediante el sitio web u otros mecanismos en línea, exceptuando “la consulta personal en cada una de las sedes del Registro Nacional a fin de brindar seguridad registral”.

El proyecto también modifica la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N.º 8968) para considerar como “información sensible” los datos de identificación de esos vehículos y para indicar que “estos datos no podrán ser divulgados públicamente y solo podrán ser consultados por las autoridades judiciales o policiales debidamente autorizadas”. Además, la Ley Orgánica del OIJ (Ley N.º 5524) recibiría un párrafo que obliga al Organismo a contar con un registro especial para sus vehículos bajo condiciones de confidencialidad, y la Ley de Creación del Registro Nacional (Ley N.º 5695) se modificaría para que el Registro mantenga “una base de datos especial y confidencial” accesible únicamente para autoridades autorizadas por ley.

En la práctica, el proyecto faculta al Registro Nacional a diseñar mecanismos técnicos para que el público no pueda conocer en tiempo real, por internet, que una placa pertenece a un cuerpo policial de investigación; el texto exige que esos mecanismos “deberán ser proactivos, no predecibles y cambiantes constantemente” para evitar que se infiera la condición policial por el patrón de respuesta de la consulta. El proyecto además dispone que esos vehículos se inscriban bajo una categoría especial en el Registro de Bienes Muebles y que la información quede sujeta a “estrictas medidas de confidencialidad y acceso restringido”.

El Registro Nacional tendría un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la ley para adaptar sus sistemas y asegurar la confidencialidad de la información; en el mismo plazo debe elaborarse un protocolo de acceso y control de la información vehicular para los vehículos de uso policial. Además, el Registro Nacional, el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de Seguridad y el OIJ, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dispondrían de seis meses desde la entrada en vigencia para establecer los procedimientos y medidas necesarias. El texto dispone que la ley “Rige a partir de su publicación”.

El alcance práctico que el proyecto define en su articulado es restringir el acceso público y catalogar como sensible la información de identificación vehicular de los cuerpos policiales de investigación, limitando la consulta a autoridades autorizadas y creando obligaciones para el Registro Nacional y el OIJ sobre la gestión de registros confidenciales. No es una ley vigente mientras la Asamblea Legislativa no la apruebe; los detalles operativos y el alcance exacto de la consulta presencial dependen de la redacción final que resulte del trámite legislativo y de los protocolos que ordena crear el propio proyecto.