Proyecto 24562: Ley para combatir el tráfico de tierras (reforma al Código Penal y a la Ley Forestal)

El proyecto propone reformar el artículo 227 del Código Penal, reformar el artículo 3° y adicionar un artículo 58 Bis a la Ley Forestal (Ley N°7575) con el objeto de crear una "Ley para combatir el tráfico de tierras". Está pendiente de aprobación.

Según el articulado, se reforma el artículo 227 del Código Penal y se adiciona un artículo 227 Bis al mismo Código, y se añade un artículo 58 Bis a la Ley Forestal, Ley N°7575 de 13 de febrero de 1996, para tipificar y sancionar el llamado "tráfico de tierras". Estas son decisiones concretas que el proyecto propone aprobar si la Asamblea lo aprueba.

Lo describe como "La usurpación, apropiación ilegal y/o el comercio de tierras" y lo define como "el uso ilegal y sistemático de mecanismos de titulación de tierras del Estado para incorporarlas a circuitos de mercado y lucrar con ellas para un aprovechamiento económico, material o personal." Esa definición sirve para delimitar qué conductas quedarían cubiertas por las penas nuevas.

Establece prisión de dos a ocho años para quien, de manera ilegal, inscriba, arriende, negocie, comercie, realice donaciones, compra-venta o permuta de tierras individuales o colectivas, bienes de dominio público o privados de la Administración Pública, patrimonio natural del Estado, reservas nacionales, áreas declaradas inalienables, fincas propiedad del Estado y bienes pertenecientes a municipalidades e instituciones públicas, inscritas o no. El texto prevé agravantes: la pena será de cinco a diez años si el tráfico lo realiza una persona servidora pública o si se afecta áreas productivas, la Zona Marítimo Terrestre o áreas de recarga acuífera; y la pena será de diez a veinte años si el tráfico de tierras se comete bajo la modalidad de crimen organizado, según lo dispuesto en la Ley N°8754.

El proyecto también actualiza el tratamiento penal del "dominio público" en el artículo 227 del Código Penal para sancionar conductas como poseer sin título suelo o espacios de dominio público, explotar un bosque nacional sin autorización, explotar vetas o depósitos minerales sin título, o aprovechar concesiones para apropiarse y explotar terrenos baldíos. En la redacción propuesta el artículo 227 establece sanciones de prisión (con topes que en el texto del decreto aparecen hasta ocho años) y una pena alternativa en días multa según lo previsto en el articulado.

Además, la iniciativa extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas respecto de delitos relacionados (mediante la reforma propuesta al artículo 1° de la Ley N°9699, "Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos"), lo que implica que empresas o sociedades podrían ser objeto de la responsabilidad prevista cuando participen en los hechos tipificados por este proyecto.

Afecta a personas físicas y jurídicas que realicen las conductas descritas (inscribir, vender, permutar, comercializar, donar, arrendar, etc., tierras del Estado o bienes de dominio público o patrimonios protegidos) y, de manera especial, contempla agravantes para servidoras y servidores públicos. El expediente es el número 24562; fue presentado el 2024-09-11, publicado el 2024-09-30 (Gaceta N°181) y sigue su trámite en la Asamblea Legislativa con etapas registradas en comisiones y plenario, por lo que las medidas propuestas aún no están vigentes ni son obligatorias hasta que la Asamblea las apruebe y se publiquen formalmente.