Proyecto 24529: reforma para prevenir y combatir la criminalidad y el narcotráfico, con cambios al Ministerio de Seguridad, la Ley de Policía y el Código Municipal

El proyecto propone reformar la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, la Ley General de Policía y el Código Municipal para crear nuevas instancias y responsabilidades destinadas a prevenir el delito, combatir la criminalidad y el narcotráfico, y fortalecer la seguridad pública a nivel nacional y cantonal; el texto está presentado como proyecto de ley y está pendiente de aprobación.

El proyecto establece la creación de órganos y estructuras nuevas dentro del sistema de seguridad. Entre las medidas concretas, crea una Dirección de Estudios y Análisis en Seguridad Pública dentro del Ministerio de Seguridad Pública, y promueve la creación de un Consejo Nacional enfocado en prevención y protección social que funcione junto con el Consejo Nacional de Seguridad. También dispone la creación de Comités Cantonales de Seguridad Pública en cada cantón para coordinar la política local.

La propuesta redefine qué se entiende por “seguridad pública” en la ley, indicando que incluye tanto medidas reactivas como preventivas y que abarca la identificación y mitigación de factores estructurales que generan vulnerabilidad, la implementación de programas de prevención del delito, la articulación interinstitucional y la promoción de la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Esa definición orienta las responsabilidades que asigna el proyecto a las nuevas instancias.

Elaborar estudios bianuales sobre percepción de seguridad y causas estructurales del delito, recopilar y difundir datos estadísticos y cualitativos, y aportar evidencia para diseñar políticas. El proyecto señala que el funcionamiento de esa Dirección será regulado por decreto ejecutivo y que ese mismo reglamento podrá fijar mecanismos de financiamiento y asignación de recursos.

A nivel local, las municipalidades y los Comités Cantonales tendrán un rol activo en la formulación y ejecución de planes de seguridad. El texto asigna a las municipalidades la gestión y coordinación de la seguridad pública en su ámbito cantonal, en estrecha colaboración con el Ministerio, y obliga a los Comités Cantonales a formular diagnósticos y planes cantonales con objetivos y acciones concretas.

Podrán solicitar la colaboración de la Fuerza Pública para acciones de seguridad dentro del cantón, pero esa solicitud debe estar enmarcada en planes territoriales de seguridad aprobados previamente por el Comité Cantonal y coordinada con el Ministro de Seguridad Pública o su delegado; esa condición es un requisito para que la colaboración proceda.

Dispone que del total recibido por IFAM una porción equivalente al cincuenta por ciento (50%) se destine “exclusivamente para atender la seguridad pública cantonal” y el restante 50% se repartirá entre diversas instituciones de acuerdo con porcentajes establecidos. El proyecto también menciona la necesidad de mecanismos que permitan a las municipalidades acceder a fondos específicos para programas de prevención, infraestructura y cohesión social.

Varias disposiciones dependen de reglamentos o decretos (por ejemplo, el funcionamiento y la financiación de la nueva Dirección), y muchas acciones locales quedan sujetas a la aprobación y coordinación con instancias nacionales. Estos elementos muestran que la operatividad concreta de varias medidas requerirá normas reglamentarias posteriores.

El expediente identificado como 24529 fue presentado el 27/08/2024 y publicado en Gaceta el 13/09/2024; desde su presentación sigue trámite parlamentario y ha sido asignado a comisiones (Seguridad y Narcotráfico; Municipales) donde continuará su debate y dictamen antes de volver al Plenario. La entrada en vigencia de las normas propuestas dependerá de su aprobación parlamentaria y, en varios casos, de las reglas reglamentarias que el propio proyecto prevé.

Crea instancias técnicas y de gobernanza, traslada responsabilidades de prevención a niveles locales, establece mecanismos específicos de financiamiento y condiciona la actuación local a planes aprobados y a coordinación con el Ministerio. Todo lo anterior corresponde a lo que el texto formal plantea y está sujeto a la aprobación y a futuros decretos y reglamentos que el proyecto señala como necesarios.