Proyecto que traslada al Registro Nacional la inscripción de cooperativas y establece financiamiento transitorio (expediente 24527)

El proyecto propone transferir al Registro Nacional la responsabilidad del registro, la inscripción y la autorización de la personería jurídica de las asociaciones cooperativas, mediante una reforma parcial de la Ley de Asociaciones Cooperativas; el proyecto está pendiente de aprobación.

El proyecto establece que la inscripción del acto constitutivo de una cooperativa ante el Registro Nacional podrá constar en un acta de la asamblea constitutiva —firmada por la presidencia y la secretaría de esa asamblea y con firmas autenticadas por un abogado— o podrá otorgarse mediante escritura pública. Con la inscripción ante el Registro Nacional, el organismo cooperativo adquirirá personería jurídica, es decir, podrá actuar legalmente como entidad.

Para que una cooperativa pueda iniciar actividades, el proyecto exige que se presenten ante el Registro Nacional documentos concretos: copia del acta de la asamblea constitutiva con datos como nombre y apellidos de los fundadores, domicilio, profesión u oficio, el monto de certificados de aportación suscritos y los nombres de las personas que integran los órganos de dirección, debidamente autenticada por un notario; y copia de los estatutos aprobados por la asamblea constitutiva. Una vez recibida la solicitud y los requisitos, el Registro debe examinar si existen impedimentos legales y, según el texto, proceder dentro del plazo de un mes, siguiente a la presentación de la solicitud, a extender la autorización correspondiente. Si la inscripción se deniega, la resolución deberá indicar los defectos de fondo para que los interesados puedan subsanarlos.

El proyecto añade un artículo (32 bis) que limita la exigencia de un estudio de posibilidad, viabilidad y utilidad o factibilidad: ese estudio será obligatorio únicamente cuando el grupo pre cooperativo solicite un préstamo, crédito o cualquier otro tipo de financiamiento para iniciar sus operaciones. El texto señala que dicho estudio deberá ser aprobado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que definirá los lineamientos aplicables.

Para cubrir los recursos iniciales que necesita el Registro Nacional para asumir las labores de registro, inscripción y autorización, el proyecto dispone un mecanismo transitorio de financiamiento: durante los primeros cinco años de vigencia, INFOCOOP deberá trasladar al Registro Nacional un 3% del aporte anual equivalente de las utilidades que produzcan las instituciones del Estado que forman parte del Sistema Bancario Nacional. El Registro Nacional utilizará esos recursos para iniciar las labores de registro, inscripción y otorgamiento de personerías jurídicas a las asociaciones cooperativas.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de un año posterior a su entrada en vigor; la labor de registro, inscripción y autorización por parte del Registro Nacional empezará desde que la ley entre en vigor; y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá coordinar el traslado de la información necesaria para que el Registro incorpore los datos en su base, para lo cual se establece un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor de la norma.

En cuanto al alcance poblacional que menciona la exposición de motivos, el proyecto cita cifras del IV Censo Cooperativo: en Costa Rica se registran 594 cooperativas que representan 887.335 personas cooperativistas, aproximadamente el 21% de la población. El documento está en trámite como proyecto de ley ordinario bajo el expediente número 24527 y requiere la aprobación del órgano legislativo para convertirse en ley.

En la práctica, si se aprueba tal como está redactado, el Registro Nacional pasaría a ser la institución encargada de mantener actualizado el registro de cooperativas, emitir personerías jurídicas, autorizar el inicio de actividades y definir el costo económico de los trámites relacionados con las cooperativas; INFOCOOP tendría la obligación transitoria de transferir recursos durante cinco años y también conservaría funciones relativas al estudio de viabilidad cuando se solicite financiamiento. Estas son las decisiones, requisitos, responsables, plazos y recursos que el proyecto propone, siempre pendientes de que el Poder Legislativo apruebe la reforma.