Prescripción de oficio para deudas financieras en cobro judicial (Proyecto 24517)

El proyecto propone que, en los juicios de cobro judicial por deudas financieras, los jueces apliquen la prescripción de oficio: es decir, que los tribunales reconozcan y descuenten las partes de la deuda que ya estén prescritas sin que el deudor tenga que pedirlo. Esta disposición se plantea como una modificación del artículo 974 del Código de Comercio y como derogación de los artículos 973 y 975, y está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Los tribunales (que deberán revisar y aplicar la prescripción por iniciativa propia), los acreedores que lleven cobros judiciales (porque verán reducciones automáticas en los montos que pidan) y las personas con deudas en procesos judiciales (porque algunas obligaciones podrán salir del cálculo final si están prescritas). El texto establece que la prescripción deberá aplicarse “incluso en los casos en que se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione aquél a quien le beneficia.”

En la práctica legal propuesta, la prescripción podrá también ser invocada por los propios acreedores o por cualquiera que tenga interés en el asunto si la parte favorecida no la hace valer, y aun cuando esa parte hubiera renunciado a ella. El proyecto obliga a que los jueces revisen de oficio si existen prescripciones y, cuando las encuentren, descuenten esos rubros del monto final del cobro en el expediente.

El articulado plantea expresamente que se reforma el artículo 974 del Código de Comercio para imponer esa aplicación de oficio y que se derogan los artículos 973 y 975 del mismo código. Además, la norma propuesta indica que la ley “rige a partir de su publicación”, por lo que, de aprobarse, entraría en vigor desde su publicación oficial.

Cita una caída del ingreso promedio de los hogares del 11% en términos reales en los últimos 10 años; registra aumentos en el número de deudores y en los casos de cobro judicial (se consignan 1.253.220 casos activos en el Poder Judicial, de los cuales el cobro judicial representaría 60.39%, y un aumento del 50% en ese tipo de casos entre 2017 y 2023). Estos datos se usan en la exposición de motivos para explicar por qué el proponente considera necesaria la modificación, pero no implican que la medida ya esté vigente ni garantizan efectos futuros.

La propuesta invoca además la obligación constitucional de los jueces de resolver con sometimiento a la ley y al derecho como fundamento para exigir la aplicación oficiosa de la prescripción. El proyecto fue presentado por José Francisco Nicolás Alvarado (expediente 24517) el 2024-08-22 y, según el registro de trámites, sigue el procedimiento legislativo en comisiones y plenario: está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

Fuentes oficiales citadas en el propio proyecto incluyen datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC), de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y cifras del Poder Judicial que se usan en la exposición de motivos y en el texto del proyecto. El documento formal se encuentra registrado en los expedientes de la Asamblea Legislativa como Proyecto de Ley Nº 24517 y, mientras no culmine el trámite legislativo, constituye una propuesta sujeta a cambios en el proceso parlamentario.