Proyecto de ley 24497: crear estrategias municipales para promover la convivencia y prevenir la violencia en las comunidades

El proyecto propone autorizar a los gobiernos locales para que diseñen y pongan en marcha una «Estrategia Municipal para promover la Convivencia y Prevención de la Violencia en las comunidades», con el fin de coordinar acciones locales que aborden las causas y factores de riesgo de la violencia y la inseguridad en cada cantón. El artículo 1 establece expresamente que “Se autoriza a los Gobiernos Locales para la creación de una Estrategia Municipal para promover la Convivencia y Prevención de la Violencia en las comunidades”, por lo que la norma propone dar a los gobiernos municipales la facultad para elaborar esa estrategia territorial. Esta propuesta está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

El proyecto afecta principalmente a los gobiernos locales (municipalidades y concejos municipales) y a las instituciones públicas que deban coordinar con ellos: les permite crear foros cantonales, planes, proyectos y unidades técnicas para la prevención local de la violencia, y prevé que esas acciones se ajusten a las características del cantón, sus territorios y su población. En el articulado se autoriza a las municipalidades a “desplegar insumos de política pública para la gestión de programas y proyectos sociales, que deberán ajustarse a las características específicas del cantón, sus territorios y su población.”

El proyecto plantea que los gobiernos locales puedan crear o reestructurar una «Unidad de Cohesión Social» responsable de gestionar programas, realizar estudios socioeconómicos y coordinar la ejecución de acciones de prevención y convivencia. El texto dice: “Los gobiernos locales podrán crear una unidad de cohesión social, o bien reestructurar con fundamento en esta ley las áreas ya existentes para mejorar la ejecución de recursos...”. Esa unidad podrá autorizar y producir los estudios socioeconómicos necesarios para que las personas opten a beneficios estatales y el documento señala que los órganos de la administración no pueden rechazar los estudios realizados por estas unidades.

Crea un “bono comunal” como subsidio para dotación y mejora de obras comunales y equipamiento social en barrios vulnerabilizados, y establece que ese bono “se financiará por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda” y que en cada presupuesto nacional se asignará “al menos la suma de mil millones de colones (1.000 millones de colones)”. Además, el proyecto autoriza que determinados fondos ya existentes puedan usarse para programas de cohesión social y para bibliotecas municipales, mediante reformas al Código Municipal.

Introduce la idea de un foro o mesa cantonal para articular la respuesta local llamada Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad”, define que cada línea de acción debe tener una ficha con nombre, acciones, institución responsable e indicadores con metas y tiempos, y prevé un Informe Territorial que compile datos subjetivos (percepción) y objetivos (estadísticas) para priorizar problemas en cada territorio. El proyecto establece además componentes de intervención (físico, social e institucional) y exige participación ciudadana, evaluación y monitoreo continuo.

El proyecto no obliga siempre a actuar; en muchos momentos usa el verbo “podrán”, lo que significa que concede facultades a los gobiernos locales (les permite pero no los obliga). Por ejemplo, las municipalidades “podrán” crear la Unidad de Cohesión Social y “podrán” coordinar acciones con otros órganos del Estado. Donde el texto establece obligaciones o prioridades concretas (por ejemplo, financiamiento del bono comunal y la inclusión de partidas en el presupuesto) esas disposiciones son condiciones explícitas del proyecto tal como está redactado.

Agrega facultades al artículo 4 del Código Municipal para impulsar políticas y proyectos de seguridad, salud, deporte y cultura locales; modifica el artículo 195 para permitir que fondos de la Ley No. 6282 se utilicen en programas de cohesión social y en biblioteca municipales; y traslada funciones y coordinación entre municipalidades, IMAS y otras instituciones para atender la pobreza y la cohesión social en los cantones. Estas reformas buscan que la gestión local pueda usar recursos y ejecutar proyectos de prevención en su territorio.

El expediente es el 24497, fue presentado el 12 de agosto de 2024 y publicado en Gaceta el 28 de agosto de 2024; el registro oficial muestra que el proyecto fue recibido y remitido a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (Área VII) y tiene programadas etapas de debate, dictamen y votación en comisión y en el Plenario según el calendario registrado. Por tanto, la medida propuesta aún debe pasar por las comisiones y votaciones de la Asamblea para convertirse en ley.

El proyecto busca dar herramientas legales, técnicas y de financiamiento a los gobiernos locales para que diseñen estrategias territoriales de convivencia y prevención de la violencia (incluyendo la creación de unidades técnicas, foros cantonales, líneas de acción con indicadores y un bono comunal). Muchas de las acciones quedan en potestad de las municipalidades (“podrán”), salvo algunas medidas de financiamiento y reforma legal que el texto sí plantea como obligaciones o condiciones a incorporar en presupuestos y normas. Queda pendiente que la Asamblea apruebe o modifique el contenido antes de que tenga efecto obligatorio.