Proyecto de ley 24489 — Ley de arbolado urbano

El proyecto propone crear una Ley de Arbolado Urbano cuyo objetivo es fomentar la plantación, preservación y gestión del arbolado urbano y plantas leñosas en la infraestructura verde urbana para promover ciudades más sostenibles, seguras y resilientes y brindar mayor bienestar a las personas y a la biodiversidad. El texto identifica ese propósito explícitamente como el objeto de la norma y el expediente registrado es el 24489, presentado por Danny Vargas Serrano; el proyecto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.

La norma, según su articulado, se aplicaría a todas las municipalidades del país dentro de su propio casco urbano, en la medida en que lo definan los planes reguladores y la normativa aplicable. El proyecto declara la arborización urbana como de interés público y encarga a las municipalidades su promoción y divulgación, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en lo relativo a calles nacionales y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para la renaturalización de ciudades y recuperación de cobertura arbórea en áreas de protección de ríos urbanos.

En definiciones y alcance el proyecto incorpora conceptos como "Infraestructura Verde Urbana" —una red interconectada de espacios verdes o azules planificada estratégicamente para conservar funciones y valores de los ecosistemas— y define "Arbolado Urbano" como cualquier vegetal leñoso, plantado o no, que crece en asentamientos humanos. Estas definiciones se usan para guiar la aplicación práctica de la ley en espacios públicos y privados.

Entre las responsabilidades concretas que fija el proyecto están obligaciones para las municipalidades: deberán arborizar las zonas públicas donde exista infraestructura urbana (por ejemplo aceras) y garantizar al menos un árbol por cada seis metros lineales de acera, siempre que el espacio físico lo permita. Además las municipalidades deberán emitir su propio reglamento municipal de arbolado urbano para cumplir el objeto de la ley y establecer las regulaciones aplicables al arbolado en espacios públicos y privados.

En la construcción de fraccionamientos, proyectos de urbanización, condominios verticales o nuevas carreteras, las municipalidades deberán velar porque el diseño deje el espacio adecuado en las aceras para plantar árboles en la proporción de un árbol por cada seis metros lineales. Respecto a las especies, dispone que los árboles incorporados a los procesos de arborización urbana deberán ser nativos o endémicos de la zona del municipio y deberán producirse siguiendo las mejores prácticas de la arboricultura, evaluando su idoneidad para el espacio físico y su crecimiento futuro.

El proyecto habilita a las municipalidades a celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, ONG, asociaciones comunitarias, universidades e institutos de investigación para ejecutar proyectos de arborización urbana; esos convenios podrán incluir la provisión de recursos financieros, técnicos y humanos para plantación, mantenimiento y monitoreo de árboles. Para financiar la gestión, las municipalidades podrán destinar un porcentaje de la Tasa sobre Mantenimientos de Parques y Zonas Verdes y su presupuesto ordinario a la atención de los objetos de la ley.

En materia de plazos, la propuesta incluye transitorios que obligan a las municipalidades a aprobar en un plazo de doce meses, a partir de la publicación de la ley, el Reglamento Municipal de Arbolado Urbano y el Plan maestro o plan director de Arborización. Asimismo establece plazos para los ministerios: el MOPT tendrá doce meses para aprobar su reglamento sobre gestión del arbolado urbano en la Infraestructura Verde Urbana y el MINAE tendrá plazos para modificar y aprobar reglamentos municipales relacionados, según lo dispuesto en los transitorios.

El expediente en el trámite legislativo registra su inicio el 2024-08-07 y traza pasos futuros (asignación a comisiones, informes, debates y votaciones) con fechas proyectadas que llegan hasta procedimientos de redacción, votaciones y una fecha de publicación señalada en la tramitación parlamentaria; la presentación inicial y el número de expediente son datos públicos del registro. La iniciativa permanece como proyecto y su texto y efectos finales dependerán de los debates, eventuales mociones y las aprobaciones que realice la Asamblea Legislativa.