Proyecto 24478: Proyecto para reformar el artículo 214 del Código Penal: aumenta penas por extorsión, da facultades a la policía, protege víctimas y crea programa para la niñez en riesgo

El proyecto propone reformar el artículo 214 del Código Penal para ampliar y agravar las penas por distintos tipos de extorsión y, al mismo tiempo, crear medidas de investigación policial, protección de víctimas y testigos, y programas de prevención para niñas, niños y jóvenes en riesgo social. El texto está presentado como proyecto de ley y está pendiente de aprobación.

El proyecto establece su objetivo en fortalecer las competencias y atribuciones de los cuerpos policiales, instaurar mecanismos de protección para víctimas y testigos y endurecer las penas por extorsión, con la finalidad declarada de erradicar la extorsión en comunidades y comercios de Costa Rica. Esa descripción del objeto recoge la intención práctica del cambio: dar más herramientas a las autoridades y aumentar sanciones para combatir la extorsión en zonas residenciales y comerciales.

En la práctica, la reforma cambia las penas por extorsión. El articulado mantiene una pena base que “Será reprimido con pena de prisión de cuatro a ocho años” para la extorsión simple; aumenta la pena a “cinco a diez años de prisión” cuando la conducta se realice utilizando manipulaciones informáticas, telemáticas, electrónicas o tecnológicas; y fija una pena de “dos a catorce años de prisión” cuando la extorsión consista en exigir pagos para permitir el acceso a un barrio o comunidad o cuando se extorsione a comerciantes para permitirles operar. El texto también señala que la pena final podrá agravarse cuando el hecho sea cometido por una estructura de crimen organizado; la frase exacta en el articulado no precisa cómo se calcula ese agravante y por ello no permite afirmar su cuantía concreta sin mayor claridad.

Para investigar y perseguir estos hechos, el proyecto otorga facultades a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, a las policías municipales y al Organismo de Investigación Judicial. Entre las facultades que enumera están la intervención de comunicaciones con autorización judicial, el acceso a bases de datos estatales necesarias para identificar sospechosos, la realización de investigaciones encubiertas y operaciones de inteligencia, el acceso y análisis de datos electrónicos y telemáticos con autorización judicial, y la obligación de brindar protección a víctimas y testigos y desarrollar medidas de seguridad personal, familiar y comunitaria.

El proyecto crea o remite a programas de protección para víctimas y testigos. Señala que se establecerán programas de protección conforme a la ley vigente sobre protección de víctimas y testigos, y faculta al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial para extender protección policial constante a víctimas o comunidades en peligro y para otorgar asistencia legal y psicológica. Además exige confidencialidad y anonimato de víctimas y testigos durante procesos administrativos y judiciales para evitar la divulgación de su identidad.

En materia de prevención dirigida a la niñez y adolescencia, el proyecto crea el “Programa de Atención Integral a la niñez y la adolescencia en Riesgo Social”, que se ubicará como un departamento en el Patronato Nacional de la Infancia. Al programa se le asignan como objetivos la prevención del ingreso de niñas, niños y adolescentes a actividades delictivas y la coordinación con instituciones públicas, municipalidades y otros actores para ejecutar y financiar programas; el texto autoriza además a recibir donaciones nacionales e internacionales y a que diferentes instituciones presupuesten y ejecuten las acciones.

Sobre aplicación y plazos, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo no mayor a seis meses desde su publicación, por lo que, si el proyecto se aprueba, su implementación práctica requerirá esa reglamentación para definir procedimientos y detalles operativos. El proyecto contiene además otras disposiciones organizativas y de capacitación para cuerpos policiales y unidades especializadas.

El proyecto está presentado con expediente número 24478 y sigue el trámite legislativo; su contenido descrito aquí es lo que propone y debe ser aprobado y publicado para convertirse en norma vigente.