Proyecto 24457: Proyecto de ley para erradicar la narcocultura en la sociedad costarricense

El proyecto propone modificar artículos de la Ley N.º 7440 (Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos) y otras normas para regular y restringir la difusión pública de contenidos que promuevan, normalicen, idealicen o justifiquen el narcotráfico, con la finalidad declarada de “erradicar la ‘narcocultura’ en la idiosincrasia costarricense”. Está pendiente de aprobación.

Amplía la lista de formas de transmisión incluidas para que la ley regule entre otros la “Televisión por VHF, UHF, cable, medios inalámbricos, vía satélite, plataformas digitales o cualesquiera otras formas de transmisión”. Ese cambio implica que emisiones televisivas y plataformas digitales quedan explícitamente sujetas a la normativa que regula contenidos.

En la realización de conciertos o espectáculos no se permitirá la reproducción de obras musicales que “promuevan, apologicen, normalicen o justifiquen el narcotráfico y las manifestaciones culturales asociadas a éste”, tanto en recintos privados como de libre acceso al público. En la práctica, esto significa que organizadores, promotores y responsables de recintos podrían ser impedidos de programar o permitir la reproducción en vivo o en eventos públicos de ese tipo de contenidos, según la valoración que realice la autoridad competente.

El proyecto define sanciones administrativas para la distribución o exhibición de material regulado sin autorización: la persona física o jurídica que distribuya o exhiba material regulado sin la calificación ni autorización previa será sancionada con una multa equivalente a siete veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial; si la infracción se repite, la multa se duplicará. El proyecto prevé además una multa específica mayor cuando se trate de material que “apologicen al narcotráfico”: en esos casos la multa será de 200 salarios base. Para la exhibición a públicos no autorizados también se prevé sanción con multa de siete salarios base.

No se podrá prohibir o restringir una actividad solo por las ideas que sustente, salvo en los casos expresamente señalados en que la actividad incite a la subversión, al vicio, al crimen, “apologicen al narcotráfico”, o promueva odio por motivos religiosos, raciales o de nacionalidad, o cuando su contenido sea estrictamente pornográfico. Esa disposición intenta distinguir la protección de la libertad de expresión de las conductas que el proyecto considera peligrosas.

La prohibición sobre conciertos y la restricción a contenidos no aplicará cuando, “evidentemente sin buscar su promoción, apologización, normalización o justificación, se limiten a presentar una visión periodística, informativa, biográfica relacionada con el narcotráfico”. Es decir, reportajes o piezas informativas o biográficas que no busquen promover el narcotráfico quedarían excluidas de la aplicación de la prohibición.

En un transitorio dispone que, para dar cumplimiento a la ley, el Poder Ejecutivo deberá en el plazo de tres meses ajustar los reglamentos que regulan la Comisión de control y calificación de espectáculos y la Oficina de Control de Propaganda. Ese ajuste normativo sería la responsabilidad administrativa para aplicar las nuevas reglas y sanciones.

El proyecto fue presentado el 2024-07-22 y publicado el 2024-08-05 (Gaceta N.º 142); tiene un vencimiento cuatrienal el 2028-07-22. Los proponentes registrados incluyen a Pablo Sibaja Jiménez, Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, Yonder Andrey Salas Durán, Rosalía Brown Young, Olga Lidia Morera Arrieta y David Lorenzo Segura Gamboa. La tramitación indica remisión a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico (Área VII) para dictamen y votación en fechas señaladas en el expediente. Está pendiente de aprobación.