Proyecto 24429: Ley marco Fintech

El proyecto propone crear una Ley Marco Fintech cuyo objetivo es promover, regular y desarrollar las empresas Fintech como actividad productiva y comercial dentro del territorio costarricense para dinamizar la economía y diversificar modelos de trabajo; el texto está pendiente de aprobación. La propuesta establece un marco general con definiciones, un registro oficial, requisitos de inscripción, reglas sobre protección de datos, supervisión técnica, sanciones por infracciones y medidas para fomentar la llegada y calidad de empresas Fintech.

El proyecto decide crear un Registro Fintech que será administrado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y condiciona ciertas actividades al registro. Solo las Fintech debidamente registradas podrán realizar actividades comerciales que impliquen el tratamiento de información confidencial y datos personales; además, el proyecto indica que las empresas internacionales que quieran acceder a los beneficios de la ley deberán tener domicilio en Costa Rica. El registro obligará a las empresas inscritas a mantener información pública sobre su actividad en sus canales de comunicación.

El proyecto especifica qué se entiende por servicios y actividades fintech y enumera los tipos de servicios basados en tecnología que quedan cubiertos: enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros, sistemas alternativos de transacción, custodia, asesoría crediticia y financiera, plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), banca móvil, big data y modelos predictivos, compliance, gestión automatizada y digitalización, seguridad y privacidad digital, financiación de particulares y empresas, social trading y asesoría de finanzas personales con tecnologías de la información, entre otros. Estas definiciones y la lista de servicios sirven para delimitar qué actividades deben inscribirse y sujetarse a la regulación propuesta.

Para inscribirse en el Registro Fintech el proyecto exige que las empresas cumplan condiciones y requisitos que abarcan, al menos, gobernanza, requerimientos de capital y medidas de seguridad de la información; el MEIC establecerá los requisitos y la forma de la solicitud. El plazo para completar la inscripción no podrá sobrepasar los 90 días naturales desde el inicio de la inscripción, según el articulado.

La actividad de las Fintech estará sometida a la legislación vigente en materia de protección de datos personales y las actuaciones que impliquen tratamiento de información deberán regirse por principios como la transparencia en el procesamiento, correspondencia entre fines y almacenamiento, exactitud y prohibición del tratamiento de datos íntimos, conforme a la regulación especial en la materia. El proyecto prevé que solo las Fintech registradas podrán manejar información confidencial y datos personales en actividades comerciales.

En materia de supervisión y normas técnicas, el proyecto otorga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la competencia para dictar las normas técnicas necesarias para aplicar y fiscalizar la ley en aspectos como registro, custodia de instrumentos financieros, intermediación, funcionamiento de plataformas y sistemas de transacción; además, el MEIC deberá coordinar con la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) lo relativo a protección de datos personales. Estas normas técnicas definirán procedimientos y exigencias prácticas para operar.

Indica que la violación del deber de confidencialidad será sancionada conforme a artículos del Código Penal y enumera infracciones graves, entre ellas prestar servicios regulados sin inscripción o autorización, entregar información maliciosamente falsa o incompleta para inducir a error, uso indebido de instrumentos financieros y difusión de información tendenciosa en asesoría, así como conductas de manipulación de precios respecto de instrumentos financieros. También prevé la posibilidad de cancelar la inscripción por infracciones graves.

Para fomentar la calidad y la atracción de empresas Fintech, el proyecto autoriza a las Fintech a operar en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) y a contar con una cuenta en el Banco Central cuando sea necesario; además, encomienda al MEIC establecer un "sello Fintech" de calidad y crear convenios para incentivar la atracción de empresas. Estas medidas apuntan a facilitar operaciones de pago, distinguir empresas que cumplen estándares y promover incentivos institucionales, según lo dispuesto en los artículos correspondientes.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 10 meses posteriores a su publicación; y el Banco Central de Costa Rica deberá ajustar el Reglamento del Sistema de Pagos para permitir que las empresas Fintech utilicen ese mecanismo, en un plazo máximo de 10 meses posteriores a la publicación de la ley. Estos plazos condicionan la entrada en operación plena de los mecanismos que la ley propone.

En resumen práctico, si se aprueba, la ley obligaría a las empresas fintech que operen en Costa Rica a inscribirse en el Registro Fintech administrado por el MEIC para tratar datos personales o información confidencial; les impondría requisitos de gobernanza, capital y seguridad informática; las sometería a normas técnicas dictadas por el MEIC y a las reglas de protección de datos vigentes; y establecería sanciones y transitorios para que el Ejecutivo y el Banco Central reglamenten y adapten sistemas como SINPE. El texto está pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.